Jorge Macri oficializó retiros voluntarios en la Ciudad para empleados de planta con más de 45 años. El plan busca reducir la burocracia, profesionalizar perfiles tecnológicos y optimizar el gasto público, estableciendo compensaciones mensuales y restricciones de reingreso al Estado.
En sintonía con su estrategia de achicamiento de las estructuras burocráticas, Jorge Macri oficializó un mecanismo de egreso programado para el personal de carrera de la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida, instrumentada a través de un decreto reciente, busca dinamizar la administración pública mediante el fomento de salidas voluntarias a cambio de compensaciones financieras. El proyecto se enmarca en un proceso de reorganización iniciado al comienzo de su mandato, que ya ha derivado en la eliminación de miles de cargos políticos y el cierre de dependencias consideradas prescindibles en el actual contexto económico.
El programa de desvinculación asistida no será de libre acceso para todo el universo de empleados. Según la normativa vigente hasta fines de mayo, los interesados deben acreditar una edad mínima de 45 años y al menos un lustro de servicios, con un año de estabilidad garantizada. A cambio de su renuncia, los beneficiarios percibirán una asignación mensual no remunerativa por un lapso de hasta cuatro años. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad se reserva la facultad de bloquear solicitudes de agentes que cumplan tareas en sectores calificados como estratégicos o que estén próximos a la edad jubilatoria obligatoria, priorizando el mantenimiento de servicios básicos.
Desde la sede de Uspallata aclaran que el objetivo principal no es simplemente reducir la nómina, sino reconvertir el capital humano del distrito hacia competencias tecnológicas y perfiles más técnicos. Esta búsqueda de eficiencia operativa también responde al clima político en la Legislatura, donde el crecimiento de las bancadas libertarias ha forzado al oficialismo porteño a acelerar sus políticas de austeridad para no ceder terreno ante la oposición. La prohibición de reingreso al Estado por un periodo de cinco años refuerza la intención de que estas bajas representen un cambio definitivo en la composición del aparato estatal.
Mientras los sectores oficialistas definen este plan como una intervención de “bisturí” —precisa y quirúrgica— para evitar una estructura administrativa sobredimensionada, el Presupuesto 2026 ya anticipaba este reordenamiento basado en la automatización de procesos. La gestión macrista busca así un punto medio entre la agilidad institucional y la contención del gasto, enfrentando el desafío de modernizar la atención ciudadana sin descuidar las áreas operativas que el propio Ejecutivo considera críticas para el funcionamiento diario de la capital argentina.
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