Con 42 votos a favor y el apoyo de la oposición dialoguista, el oficialismo convirtió en ley la modernización del sistema de trabajo. La norma reduce indemnizaciones, flexibiliza jornadas y crea un fondo para ceses laborales ante críticas del peronismo.
El Poder Ejecutivo Nacional cerró este viernes el período de sesiones extraordinarias con la aprobación definitiva de la reforma laboral. La Cámara de Senadores ratificó los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, logrando una victoria política que el presidente de la Nación, Javier Milei, presentará ante la Asamblea Legislativa el próximo domingo.
La sanción fue posible gracias al respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales. El texto final excluyó el polémico artículo 44, que establecía descuentos salariales de hasta el 75% para empleados con licencias médicas.
La nueva legislación introduce modificaciones estructurales en el cálculo de los despidos. A partir de ahora, la base para computar la indemnización excluye conceptos como el aguinaldo, las vacaciones, los bonos y las propinas. Además, se estableció un límite máximo que no podrá exceder tres veces el salario promedio del convenio correspondiente.
Respecto a las sentencias judiciales, la ley dispuso que las actualizaciones se rijan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual. Las grandes empresas podrán abonar estas condenas en seis cuotas mensuales, mientras que las pymes contarán con un plazo de hasta 12 pagos.
Uno de los puntos de mayor debate fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este sistema obliga a las empresas a realizar aportes mensuales del 1% para grandes compañías y del 2,5% para pymes en cuentas inembargables gestionadas por la Comisión Nacional de Valores.
Estos fondos se financiarán con recursos que anteriormente se destinaban al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Durante el debate, la senadora Ana Marks calificó a este mecanismo como un beneficio para las empresas que despiden personal, mientras que el senador Juan Cruz Godoy defendió la medida argumentando la necesidad de reducir la litigiosidad, que creció un 135% desde 2010.
La norma permite ampliar la jornada laboral hasta las 12 horas diarias, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre turnos. Asimismo, se creó el “banco de horas”, que faculta a los empleadores a compensar horas extraordinarias con días de franco en lugar de pago monetario.
Paralelamente, se derogaron estatutos profesionales específicos para periodistas, peluqueros, viajantes de comercio y operadores de radio. Por otra parte, el oficialismo mantuvo la obligatoriedad de la “cuota solidaria” sindical, con un tope del 2%, tras negociaciones con sectores de la oposición.
El bloque de Unión por la Patria y la Confederación General del Trabajo (CGT) adelantaron que recurrirán a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Los legisladores opositores sostuvieron que la reforma viola el principio de no regresividad de los derechos laborales consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Mientras el Senado sesionaba bajo un fuerte operativo de seguridad, se registraron incidentes entre manifestantes de izquierda y fuerzas de seguridad en la zona del Obelisco. La CGT convocó a una movilización hacia el Palacio de Tribunales para el próximo lunes.
La Corte Suprema rechazó cerrar una causa contra Lázaro Báez por evasión en Austral Construcciones. Sin embargo, un tribunal lo sobreseyó parcialmente al aplicar la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos para procesar delitos tributarios.
Morales Solá critica las falsedades de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos y, simultáneamente, cuestiona la injerencia de Milei y el ministro Mahiques en el Poder Judicial. Advierte que esta doble presión institucional impide restablecer la confianza en el país.
El Gobierno presentó un proyecto de ley para agilizar los desalojos mediante juicios sumarísimos, permitiendo la recuperación de inmuebles en cinco días. La reforma también endurece las reglas de expropiación, exigiendo pagos previos totales y tasaciones basadas en el mercado bursátil.
Mauricio Macri declara hoy como testigo en los tribunales de Comodoro Py por la causa “Sueños Compartidos”. El exmandatario aportará datos sobre la gestión de viviendas sociales en la Ciudad, en un juicio que investiga desvíos millonarios y administración fraudulenta.
El Senado inicia sesiones ordinarias debatiendo la continuidad del juez Carlos Mahiques y el pliego de Lucila Crexell para la embajada en Canadá. La oposición cuestiona la designación diplomática de la exsenadora tras su voto clave en reformas gubernamentales pasadas.
El gobierno de Milei enfrenta una crisis por escándalos judiciales y filtraciones telefónicas que comprometen al entorno presidencial. Entre internas de gabinete y desafíos económicos, la gestión intenta retomar la agenda mientras endurece su postura frente a la industria y la justicia.
El empresario Marcelo Porcel será indagado este miércoles por presunto abuso sexual y corrupción de menores. La justicia investiga si aprovechaba reuniones sociales para vulnerar a compañeros de sus hijos, apoyándose en testimonios de cámara Gesell y pruebas halladas en celulares.
La familia Castro lidera las negociaciones con Estados Unidos para evitar el colapso energético en Cuba. Ante el bloqueo petrolero, el régimen prioriza reformas económicas y la apertura a inversiones extranjeras, buscando preservar el poder militar y la continuidad dinástica.
