Luis Caputo instó a los empresarios a utilizar el nuevo régimen que reduce las cargas patronales del 18% al 2%. Aunque el Gobierno busca fomentar el empleo formal, especialistas advierten que la baja de impuestos requiere estabilidad económica y capacitación.
El Palacio de Hacienda ha iniciado una campaña para dar a conocer las ventajas del flamante Esquema de Promoción del Trabajo Registrado (RIFL), una de las piezas centrales de la normativa laboral aprobada recientemente. El responsable de la cartera económica, Luis Caputo, manifestó su extrañeza ante la aparente indiferencia de las cámaras empresariales, argumentando que gran parte del mundo corporativo aún no ha procesado el impacto real de la medida: una poda drástica en las contribuciones al sistema de previsión y seguridad social para las nuevas incorporaciones.
Durante una reciente disertación en la provincia de Córdoba, el funcionario nacional remarcó que las cargas patronales, que tradicionalmente oscilaban entre el 17% y el 20%, han sido reducidas a un marginal 2% por un lapso de cuatro años. Para el Gobierno, esta quita del 85% en los costos no salariales es la herramienta más potente para combatir la informalidad. Asimismo, Caputo destacó que la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) otorgará previsibilidad financiera a las compañías, permitiéndoles provisionar recursos para despidos sin depender de los vaivenes fiscales y atacando directamente lo que definió como la proliferación de juicios que paraliza la contratación de personal.
A pesar del optimismo oficial, diversas voces del ámbito laboral y consultores de empresas sugieren que el incentivo fiscal podría resultar insuficiente por sí solo. Algunos expertos advierten que la baja de aportes en otros países no ha sido el disparador definitivo para las pequeñas y medianas empresas, las cuales suelen enfrentar barreras adicionales como la falta de financiamiento para formación técnica y una baja tasa de terminalidad educativa en la mano de obra disponible.
Por otro lado, la demora en la publicación de la letra chica de la ley en el Boletín Oficial genera un clima de cautela en las áreas de recursos humanos. La falta de definiciones sobre cómo operarán los instrumentos de inversión para el fondo de indemnizaciones —cuya supervisión recaerá en la Comisión Nacional de Valores— mantiene en suspenso la ejecución de los nuevos planes de reclutamiento. Mientras el Ejecutivo confía en que la difusión masiva activará la demanda de empleo, el mercado espera que la reactivación de la actividad económica brinde el marco de sostenibilidad necesario para que estas reformas cristalicen en puestos de trabajo genuinos.
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