La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento y un embargo de 350 millones de pesos contra el exministro de Transporte bonaerense. Se lo investiga por maniobras ilícitas con el sistema de fotomultas y la VTV.
La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento y un embargo de 350 millones de pesos contra el exministro de Transporte bonaerense. Se lo investiga por maniobras ilícitas con el sistema de fotomultas y la VTV.
La Cámara Federal de San Martín ratificó este martes el procesamiento de Jorge Alberto D’Onofrio, exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. La resolución judicial confirmó la investigación por presunto lavado de activos de origen ilícito, vinculada a irregularidades en la recaudación de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
El tribunal, integrado por los magistrados Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán, respaldó lo actuado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Junto a la confirmación del procesamiento, se mantuvo el embargo preventivo sobre los bienes de D’Onofrio por un monto de 350.000.000 de pesos. La medida también alcanzó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, a quien se le fijó un embargo de 300.000.000 de pesos.
La investigación federal cobró impulso a partir de la adquisición de una camioneta Audi Q8 en octubre de 2023. Aunque el vehículo figuraba a nombre de Asensio por un valor de 30.000.000 de pesos, su cobertura de seguro ascendía a 173.800.000 de pesos en esa misma fecha. Para la justicia, el verdadero titular y usuario del rodado era el entonces ministro D’Onofrio.
Existen pruebas documentales que vinculan al exfuncionario con el uso cotidiano del vehículo. D’Onofrio figuraba como autorizado a conducir y los registros indican que abonaba el servicio de Telepase asociado a la unidad con su propia tarjeta de débito.
Al declarar, el exministro negó la propiedad y afirmó que solo condujo el rodado en una ocasión tras una cena familiar. Sin embargo, los camaristas consideraron que estas explicaciones resultaron inconsistentes frente a la prueba reunida.
El expediente judicial describe una presunta organización dedicada a sustraer fondos derivados del sistema de cobro de fotomultas en diversos municipios y rutas provinciales. Según la denuncia inicial de septiembre de 2024, el dinero obtenido se invertía en bienes muebles e inmuebles mediante el uso de prestanombres para ocultar su origen real.
La sociedad familiar involucrada en la compra del Audi, denominada Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., no registró actividad económica ni domicilio operativo verificable. Este dato fue clave para que el juez de instrucción determinara que se trató de una maniobra de disimulación patrimonial típica del lavado de dinero.
D’Onofrio renunció a su cargo el 30 de diciembre de 2024, alegando motivos personales en medio del avance de las causas en su contra. Además del proceso federal, el exministro enfrenta una imputación en la justicia provincial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. En esa jurisdicción se lo investiga por asociación ilícita, fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito.
El proceso se encamina ahora hacia la etapa de elevación a juicio oral. Mientras tanto, los imputados permanecen en libertad, aunque con inhibiciones generales de bienes y la prohibición de disponer de su patrimonio.
La ratificación de la Cámara Federal cierra una etapa clave en la recolección de pruebas contra la cúpula que manejó el transporte bonaerense hasta finales de 2024. Resta determinar si la estructura de desvío de fondos denunciada alcanza a otros niveles de la administración provincial o si se limitaba al círculo cercano de los hoy procesados.
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