El magistrado, Fernando D’Alessandro, ordenó liquidar los activos de la histórica cadena tras fracasar el proceso de salvataje. La firma, que llegó a tener 4.500 empleados, hoy cuenta con apenas tres locales operativos y deudas millonarias.
El magistrado, Fernando D’Alessandro, ordenó liquidar los activos de la histórica cadena tras fracasar el proceso de salvataje. La firma, que llegó a tener 4.500 empleados, hoy cuenta con apenas tres locales operativos y deudas millonarias.
El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 dictó este miércoles el cese de actividades de Garbarino, la compañía de electrodomésticos fundada en 1951. La resolución judicial puso fin al periodo de cramdown, una instancia donde inversores externos podían proponer un plan de rescate. Ante la falta de ofertas firmes, el juez dispuso la inhibición general de bienes y el cierre de las cuentas bancarias de la sociedad.
La caída de la firma, que desde junio de 2020 pertenece al empresario Carlos Rosales, se precipitó tras cinco años de dificultades financieras. Según el expediente judicial, las condiciones para continuar con el concurso de acreedores iniciado en 2021 eran inexistentes.
Del mismo modo, la medida alcanzó también a la cadena de informática Compumundo y a la unidad Garbarino Viajes, cuyos activos serán subastados para intentar cubrir los pasivos pendientes.
En su etapa de mayor expansión, la empresa gestionaba más de 200 sucursales en todo el país. Al momento de la sentencia, la realidad operativa mostraba un escenario drásticamente distinto: solo permanecían abiertos tres locales en la Ciudad de Buenos Aires y un depósito en Garín. El personal actual se limita a 20 trabajadores, luego de que en 2021 se produjera el despido de más de 1.800 empleados.
Informes de la sindicatura revelaron la fragilidad de la última etapa comercial. Durante enero, la cadena registró ventas por $1.769.581,45, una cifra marginal para los costos operativos del sector. Además, el inventario remanente de 1.597 unidades fue descripto como mercadería obsoleta o deteriorada, con escaso atractivo para el público actual.
Carlos Rosales, actual propietario y exprotesorero del club San Lorenzo, defendió su administración y señaló factores externos como causantes de la quiebra. El empresario afirmó que la compañía ya atravesaba una crisis profunda al momento de su adquisición y responsabilizó a las restricciones de la pandemia y a la inestabilidad macroeconómica por el fracaso del plan de reconversión.
Sin embargo, el proceso judicial determinó que no hubo propuestas formales de reestructuración por parte de los interesados inscriptos, como la sociedad Vlinder.
Ahora, el futuro de las marcas y de las plantas industriales en Tierra del Fuego queda bajo la órbita judicial. Los acreedores, entre los que se encuentran entidades bancarias y exempleados, tienen plazo hasta el 24 de junio para presentar sus reclamos en la etapa final de liquidación.
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