Australia activó normas que obligan a verificar la mayoría de edad en sitios pornográficos y plataformas digitales para proteger a menores, con multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos por parte del organismo regulador eSafety.
Australia activó normas que obligan a verificar la mayoría de edad en sitios pornográficos y plataformas digitales para proteger a menores, con multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos por parte del organismo regulador eSafety.
El gobierno de Australia puso en marcha un nuevo marco regulatorio denominado “Códigos sobre material restringido por edad”. A partir de este lunes, los usuarios que deseen acceder a sitios web de pornografía, videojuegos con clasificación R o sistemas de Inteligencia Artificial generativa deberán acreditar que superan los 18 años mediante métodos de identificación fehacientes.
La Comisionada de Seguridad Electrónica, Julie Inman Grant, informó que las simples casillas de verificación de edad resultaron insuficientes para proteger a los menores. El nuevo estándar exige el uso de tecnologías de estimación de edad facial, documentos de identidad con fotografía o el uso de billeteras digitales.
Según la funcionaria, la intención fue equiparar las restricciones del entorno digital con las que ya operan en establecimientos físicos como casinos o tiendas de productos para adultos.
La normativa no se limitó exclusivamente a los sitios de contenido explícito. Los motores de búsqueda, como Google o Bing, ahora deben aplicar filtros por defecto. Aquellos usuarios que naveguen sin iniciar sesión encontrarán los resultados de contenido sexual o violencia extrema difuminados de manera automática.
Asimismo, los sistemas de Inteligencia Artificial capaces de generar material explícito o relacionado con conductas de autolesión fueron incluidos en la regulación.
Estos servicios deberán confirmar la madurez del usuario antes de permitir interacciones con sus herramientas de generación de contenido. Esta fase se sumó a las restricciones impuestas en diciembre de 2025, que limitaron el acceso a redes sociales para menores de 16 años.
La respuesta de la industria fue dispar. Aylo, la empresa matriz de sitios como Pornhub, inició un bloqueo de contenido en Australia como medida de protesta ante las nuevas exigencias. Actualmente, los usuarios australianos que intentan ingresar a estas páginas son redirigidos a secciones con contenido apto para todo público.
Por su parte, el organismo eSafety advirtió que el cumplimiento será supervisado de manera estricta. En caso de que las plataformas de contenido se nieguen a implementar los sistemas de verificación, el regulador buscará que empresas como Apple y Google retiren dichas aplicaciones de sus tiendas digitales.
Inman Grant aseguró que el compromiso gubernamental se fortalecerá con la futura implementación de un deber de cuidado digital para todo el ecosistema tecnológico.
La implementación de estos códigos abrió una discusión sobre la protección de datos personales. Aunque la ley estipula que todas las medidas de verificación deben respetar la legislación vigente sobre privacidad, el almacenamiento de información biométrica para acceder a sitios de entretenimiento generó inquietudes en diversos sectores.
El sistema regulatorio australiano se posicionó como uno de los más rigurosos a nivel internacional. A diferencia de otros países, el marco australiano interconectó múltiples códigos que cubren desde proveedores de aplicaciones hasta motores de búsqueda, lo que permitió un control más amplio sobre la distribución de material para adultos en el territorio nacional.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
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