La vicepresidenta denunció al diputado Luis Petri por calumnias y amenazas de rebelión tras ser tildada de “golpista”. La presentación alcanzó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi. El conflicto escala tras acusaciones cruzadas por la gestión de la obra social militar.
La relación entre los integrantes de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza alcanzó un punto de quiebre institucional. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, formalizó una denuncia penal contra el diputado nacional y exministro de Defensa, Luis Petri, en los tribunales de Comodoro Py.
El enfrentamiento surge luego de que el legislador mendocino calificara de “golpista” a la titular del Senado y afirmara que esta “apostó al fracaso del Gobierno“.
La presentación judicial, que recayó en el Juzgado Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos, no se limita a las figuras de calumnias e injurias. Villarruel incluyó presuntos delitos contra el orden público, amenaza de rebelión e infracciones al artículo 213 bis del Código Penal, referido a la organización de agrupaciones que buscan imponer ideas por la fuerza.
El distanciamiento se profundizó el 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias. En aquel evento, el presidente de la Nación, Javier Milei, aludió a sectores que intentaban “abrazar el sillón de Rivadavia“, frase que el entorno de la vicepresidenta interpretó como un ataque directo.
Posteriormente, Petri sostuvo en entrevistas televisivas que Villarruel fue “funcional a la oposición” al habilitar debates en la Cámara Alta que afectaban el programa económico oficial.
Ante estas declaraciones, la titular del Senado utilizó sus redes sociales para cuestionar la idoneidad de Petri. La funcionaria vinculó al diputado con un presunto desfalco de 200.000 millones de pesos en el IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad). Según la vicepresidenta, dicha situación financiera dejó a miles de familias militares sin cobertura médica.
La ofensiva legal de Villarruel se extendió a los conductores Eduardo Feinmann y Pablo Rossi. En una denuncia separada, asignada al juzgado de María Servini, la vicepresidenta acusó a los profesionales de replicar y analizar las críticas de Petri en términos que ella considera delictivos.
Petri, por su parte, minimizó la acción judicial. El legislador afirmó no haber sido notificado y calificó la denuncia como una búsqueda de “presencia mediática”. Asimismo, ratificó su apoyo incondicional al primer mandatario y sugirió que la vicepresidenta perdió la confianza del Poder Ejecutivo hace tiempo.
La unificación de esta crisis política en los tribunales plantea un escenario de incertidumbre sobre el funcionamiento coordinado del Gobierno. El desenlace de estas presentaciones determinará si el conflicto afecta la estabilidad de la estructura oficialista en el Congreso.
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