La Fiscalía N°8 de Berazategui desbarató un centro de “resguardo” que funcionaba como un campo de explotación. Los niños vivían hacinados y sufrían castigos físicos.
La Fiscalía N°8 de Berazategui desbarató un centro de “resguardo” que funcionaba como un campo de explotación. Los niños vivían hacinados y sufrían castigos físicos.
Lo que debía ser un refugio de esperanza y protección terminó convirtiéndose en una verdadera casa del horror. En un operativo coordinado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, al menos 13 niños fueron rescatados de un supuesto “hogar” infantil en el partido bonaerense de Florencio Varela.
La investigación, liderada por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo, de la Fiscalía N°8 de Berazategui, reveló un escenario de violencia sistémica y explotación que excede cualquier límite de la crueldad humana.
En el predio, los menores no recibían educación ni cuidados, sino que eran sometidos a un régimen de esclavitud moderna. Según detallaron fuentes judiciales, en el lugar donde los niños debían ser resguardados, “se vulneraron todos sus derechos”. Los testimonios y las pericias iniciales describen un cotidiano aterrador: los chicos eran obligados a recolectar con carretillas los desperdicios y heces de 31 perros y dos caballos, además de realizar tareas de mantenimiento pesadas.
La descripción de las actividades que debían cumplir es desgarradora. Los menores “preparaban cemento, levantaban maderas, piedras y otros elementos pesados, realizaban tareas de albañilería y cortaban cañas con machetes”.
Estas jornadas, lejos de ser excepcionales, se extendían durante todo el día, llegando incluso hasta la medianoche, muchas veces bajo la lluvia y a la intemperie, sin importar si los niños estaban enfermos o debilitados.
La disciplina en el hogar se mantenía mediante el terror. Si alguno de los chicos intentaba resistirse a las órdenes, las represalias eran inmediatas y brutales. La investigación determinó que los responsables solían aplicar castigos que incluían ser “privados de alimento o expulsados al exterior durante jornadas de frío o durante la noche”. A esto se sumaban episodios de violencia física con golpes de objetos contundentes.
El hacinamiento y la falta de higiene completaban el cuadro de abandono. En muchos casos, los niños “dormían en colecho con perros”, compartiendo espacio con animales en condiciones de suciedad extrema y alimentación deficiente. Para garantizar el silencio, se les prohibía cualquier contacto con vecinos o personas externas, negándoles también el acceso a la escolaridad obligatoria.
El caso ha tomado un giro político y judicial aún más oscuro. Dos funcionarios de organismos de Niñez de la zona oeste están bajo la lupa, sospechados de haber alertado a las responsables del hogar antes de los procedimientos.
Se cree que estos empleados públicos “habrían utilizado información reservada para advertir a las principales imputadas”, permitiendo que el predio fuera acondicionado antes del allanamiento para ocultar la realidad de los menores.
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