La Fiscalía N°8 de Berazategui desbarató un centro de “resguardo” que funcionaba como un campo de explotación. Los niños vivían hacinados y sufrían castigos físicos.
La Fiscalía N°8 de Berazategui desbarató un centro de “resguardo” que funcionaba como un campo de explotación. Los niños vivían hacinados y sufrían castigos físicos.
Lo que debía ser un refugio de esperanza y protección terminó convirtiéndose en una verdadera casa del horror. En un operativo coordinado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, al menos 13 niños fueron rescatados de un supuesto “hogar” infantil en el partido bonaerense de Florencio Varela.
La investigación, liderada por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo, de la Fiscalía N°8 de Berazategui, reveló un escenario de violencia sistémica y explotación que excede cualquier límite de la crueldad humana.
En el predio, los menores no recibían educación ni cuidados, sino que eran sometidos a un régimen de esclavitud moderna. Según detallaron fuentes judiciales, en el lugar donde los niños debían ser resguardados, “se vulneraron todos sus derechos”. Los testimonios y las pericias iniciales describen un cotidiano aterrador: los chicos eran obligados a recolectar con carretillas los desperdicios y heces de 31 perros y dos caballos, además de realizar tareas de mantenimiento pesadas.
La descripción de las actividades que debían cumplir es desgarradora. Los menores “preparaban cemento, levantaban maderas, piedras y otros elementos pesados, realizaban tareas de albañilería y cortaban cañas con machetes”.
Estas jornadas, lejos de ser excepcionales, se extendían durante todo el día, llegando incluso hasta la medianoche, muchas veces bajo la lluvia y a la intemperie, sin importar si los niños estaban enfermos o debilitados.
La disciplina en el hogar se mantenía mediante el terror. Si alguno de los chicos intentaba resistirse a las órdenes, las represalias eran inmediatas y brutales. La investigación determinó que los responsables solían aplicar castigos que incluían ser “privados de alimento o expulsados al exterior durante jornadas de frío o durante la noche”. A esto se sumaban episodios de violencia física con golpes de objetos contundentes.
El hacinamiento y la falta de higiene completaban el cuadro de abandono. En muchos casos, los niños “dormían en colecho con perros”, compartiendo espacio con animales en condiciones de suciedad extrema y alimentación deficiente. Para garantizar el silencio, se les prohibía cualquier contacto con vecinos o personas externas, negándoles también el acceso a la escolaridad obligatoria.
El caso ha tomado un giro político y judicial aún más oscuro. Dos funcionarios de organismos de Niñez de la zona oeste están bajo la lupa, sospechados de haber alertado a las responsables del hogar antes de los procedimientos.
Se cree que estos empleados públicos “habrían utilizado información reservada para advertir a las principales imputadas”, permitiendo que el predio fuera acondicionado antes del allanamiento para ocultar la realidad de los menores.
Durante los operativos realizados por el área de Cibercrimen contra las Infancias, se secuestraron teléfonos móviles, un disco rígido de 160 GB y documentación que sería determinante para desarticular esta red de horror y complicidades.
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