Una iniciativa en el Congreso de Michoacán, México busca eliminar la obligatoriedad de la firma del progenitor deudor o ausente para viajes y documentos de menores. La propuesta intenta evitar que la patria potestad se utilice como herramienta de extorsión o represalia en disputas familiares.
El panorama legal para los padres custodios en México podría dar un giro radical con la irrupción de la denominada “Ley Cazzu”. Esta propuesta legislativa, impulsada originalmente por la diputada Sandra Arreola Ruiz en Michoacán, pone el foco en una problemática burocrática recurrente: la negativa de los padres no custodios a firmar autorizaciones para que sus hijos obtengan el pasaporte o puedan viajar al extranjero. El proyecto busca que, ante casos comprobados de abandono o incumplimiento de pensión alimenticia, el progenitor que tiene el cuidado cotidiano del menor pueda realizar estos trámites de forma autónoma.
Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exige de manera estricta la anuencia de ambos padres. En situaciones de conflicto, esto se convierte en un obstáculo que obliga a las familias a recurrir a largos y costosos procesos notariales o judiciales. La “Ley Cazzu” propone que la movilidad y el derecho a la identidad de los niños y adolescentes no queden supeditados a la voluntad de un padre deudor, evitando que la firma se convierta en una moneda de cambio o una forma de violencia económica y psicológica.
El nombre de la iniciativa surgió del impacto mediático tras la separación de la cantante argentina Cazzu y el mexicano Christian Nodal, situación que visibilizó las limitaciones legales que enfrentan miles de familias. Al igual que ocurrió con la Ley Olimpia (contra la violencia digital) o la Ley Sabina (contra deudores alimentarios), esta reforma se suma a una tendencia de legislación con perspectiva de género que busca sancionar la irresponsabilidad parental y proteger el interés superior del menor.
Especialistas en derecho familiar señalan que este cambio es fundamental para modernizar un sistema que, hasta ahora, ha permitido que el incumplimiento de responsabilidades no tenga consecuencias inmediatas en la gestión de documentos oficiales. De aprobarse, la normativa garantizaría que derechos básicos como la educación o la convivencia familiar no se vean truncados por disputas entre adultos, priorizando siempre el bienestar y la libertad de movimiento de los menores de edad.
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