El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de los responsables del boliche D’Lirio por la explotación de 50 mujeres. El local, ubicado frente al cementerio, funcionaba como un prostíbulo encubierto donde se detectó la presencia de dos menores de edad.
La Justicia Federal desarticuló una organización criminal que operaba bajo la fachada de un bar bailable en el corazón de Recoleta. El magistrado Julián Ercolini procesó a nueve hombres acusados de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
El centro de la actividad ilícita era el local nocturno D’Lirio, situado en la calle Vicente López, un punto de alta visibilidad turística y comercial que, según la resolución judicial, ocultaba un sistema de sometimiento sostenido en el tiempo.
La investigación judicial tuvo su origen en abril de 2022 tras un llamado a la línea 145. La denuncia alertó sobre las irregularidades en el funcionamiento del boliche, que incluían ingresos restringidos y sospechas de presencia de menores. A partir de allí, la Fiscalía Federal N.º 12 y la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) iniciaron tareas de inteligencia que culminaron en un allanamiento el 9 de julio de 2024.
Durante el operativo, las autoridades identificaron a 50 mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas dos menores de edad. Los peritajes demostraron que el boliche utilizaba el concepto de “presencias” y acompañamiento de mesas para captar a las víctimas.
Sin embargo, el esquema económico resultaba desfavorable, empujando a las mujeres a concretar encuentros sexuales en hoteles linderos para obtener ingresos mínimos, bajo un estricto control de la estructura del local.
El fallo judicial destacó que la organización no solo se limitaba a la intermediación, sino que ejercía un dominio territorial y psicológico. La presencia de cámaras de seguridad, personal de vigilancia y reglamentos internos rígidos sobre horarios y desplazamientos fueron elementos clave para que el juez calificara el lugar como un prostíbulo encubierto. Según el magistrado, estas condiciones excedieron cualquier lógica de esparcimiento nocturno convencional.
Los nueve imputados enfrentan ahora embargos preventivos y diversas medidas cautelares. El procesamiento judicial resaltó que los acusados se habrían aprovechado de la vulnerabilidad económica de las víctimas para organizar la actividad ilícita.
La resolución también menciona que la investigación continuará para determinar si existieron redes de protección que permitieron el funcionamiento del local durante más de dos años pese a las denuncias previas.
El caso D’Lirio expone la complejidad de detectar redes de trata cuando operan detrás de rubros comerciales habilitados en zonas céntricas. La ubicación del local, frente a uno de los hitos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires, plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles administrativos y la profundidad de las raíces de la explotación sexual en el circuito nocturno porteño.
La causa permanece abierta mientras se analiza la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados en los operativos. El desenlace de este expediente será fundamental para entender cómo estas estructuras logran mimetizarse en la legalidad y qué mecanismos de prevención fallaron para permitir que 50 mujeres fueran explotadas a la vista de todos.
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