El juicio que se guardó fuera del país para no desaparecer

Por Andrés Berbeni

En 1985, la Argentina hizo algo que el mundo miró con asombro: juzgó a los responsables de su última dictadura en el histórico Juicio a las Juntas. Pero además de la sentencia, quedó algo igual de importante: un registro completo, en video, de todo lo ocurrido en esa sala. Fueron 147 casetes. Allí quedaron las voces de los sobrevivientes, los relatos del horror, los argumentos de las partes y la decisión final del tribunal. No era solo un archivo judicial: era memoria viva.

El juicio fue registrado íntegramente como una forma de preservar prueba y construir memoria. Pero el contexto era frágil. La democracia recién nacía y todavía enfrentaba tensiones con sectores militares. Los levantamientos de fines de los años 80 dejaron en claro que el pasado no estaba definitivamente cerrado. En ese escenario, surgió una pregunta incómoda y brutal: ¿y si la historia volvía a repetirse?

Resguardo de la memoria

Según reconstrucciones periodísticas coincidentes y el testimonio del jurista Bernardo Beiderman —difundido en una carta publicada por el diario Clarín—, en 1988 se tomó una decisión excepcional: enviar copias completas del juicio al exterior como medida de resguardo. El destino fue el Parlamento de Noruega. No fue una exageración ni un gesto simbólico: fue una reacción concreta frente a un miedo real. El impacto del propio juicio, la reacción de sectores militares y la debilidad del sistema político abrían una posibilidad que nadie podía descartar del todo: un nuevo quiebre institucional.

Por eso, sacar del país ese material fue algo más que una precaución. Fue, en los hechos, una admisión silenciosa: la democracia argentina todavía no podía garantizar por sí sola la preservación de su propia memoria.

Allí, los casetes fueron depositados en una bóveda de alta seguridad, descripta como preparada para resistir incendios y desastres. El acuerdo establecía que el material tendría un uso restringido a fines académicos, científicos e históricos. La lógica era contundente: si el horror volvía, ya no podrían borrar la verdad.

La escena quedó registrada en una fotografía tomada el día de la entrega. En ella aparecen los jueces del tribunal —entre ellos Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian y Jorge Torlasco— junto a autoridades noruegas. No fue un acto protocolar. Fue una decisión incómoda, casi extrema, tomada por quienes entendían que lo que habían juzgado podía volver a ponerse en cuestión.

Con el paso de los años, la democracia argentina se consolidó y el riesgo de destrucción sistemática de archivos se fue diluyendo. El material del juicio comenzó a ser recuperado, preservado y, en parte, difundido. Hoy, las grabaciones forman parte del patrimonio histórico y han sido digitalizadas para su conservación y estudio, con participación de organismos como el Archivo Nacional de la Memoria y espacios de preservación documental como Memoria Abierta. El resguardo en Noruega dejó de ser una necesidad urgente y pasó a ser un símbolo. Pero un símbolo incómodo: el de un país que, en un momento clave, no podía confiar plenamente en sí mismo.

La importancia del material 

La historia de los casetes también ayuda a ordenar versiones. Porque si bien es cierto que material clave del proceso judicial fue enviado al exterior, eso no implica que todos los archivos vinculados a la dictadura hayan corrido la misma suerte. Las denuncias reunidas por la CONADEP —base del informe Nunca Más— permanecieron bajo custodia en la Argentina. Lo que se protegió en el exterior fue otra cosa: el registro audiovisual del juicio.

A casi cuatro décadas, esos 147 casetes siguen diciendo algo más que lo que contienen. No solo registran el pasado: exponen el miedo del presente en el que fueron resguardados. Hablan de una democracia naciente, rodeada, presionada, sin consensos plenos y con actores poderosos que no estaban dispuestos a aceptar lo que ocurría en los tribunales.

También obligan a una mirada más cruda sobre el liderazgo político de aquel tiempo. Fue bajo la presidencia de Raúl Alfonsín que se impulsó el juicio y se tomó la decisión de enfrentar a las Fuerzas Armadas en el terreno de la ley. Pero ese camino no estuvo acompañado como cabía esperar. Hubo falta de respaldo de amplios sectores del peronismo, una Iglesia Católica distante y un contexto regional adverso, con países limítrofes todavía bajo dictaduras. Alfonsín avanzó, sí, pero lo hizo en soledad relativa, empujando un proceso que muchos miraban con cautela, otros con desconfianza y algunos directamente con rechazo.

Esa soledad no es un detalle menor. Explica por qué, mientras se hacía justicia en los tribunales, al mismo tiempo se tomaban decisiones extraordinarias como sacar del país la memoria de ese mismo juicio. Porque cuando un proceso histórico no tiene respaldo pleno, su propia existencia queda en riesgo.

Por eso, los 147 casetes no son solo un archivo. Son una advertencia. Recuerdan que hubo un momento en que la verdad necesitó ser protegida fuera de la Argentina para poder sobrevivir dentro de ella. Y que la justicia, incluso cuando se concreta, puede seguir siendo frágil si no está sostenida por una convicción colectiva.