La Corte Suprema medió en el conflicto entre Nación y Buenos Aires por una deuda previsional de $2,2 billones. Tras una audiencia cara a cara, ambas gestiones iniciaron un intercambio de datos técnicos para alcanzar un acuerdo antes del 21 de abril.
La Corte Suprema medió en el conflicto entre Nación y Buenos Aires por una deuda previsional de $2,2 billones. Tras una audiencia cara a cara, ambas gestiones iniciaron un intercambio de datos técnicos para alcanzar un acuerdo antes del 21 de abril.
En un intento por destrabar una de las disputas financieras más álgidas entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia propició un primer careo entre funcionarios de ambas jurisdicciones. El eje de la controversia es la millonaria deuda que el Estado nacional mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras cajas no transferidas, un reclamo que, según las estimaciones del equipo económico de Axel Kicillof, ya supera los $2,2 billones. El encuentro en el máximo tribunal marca el cese momentáneo de las hostilidades mediáticas para dar paso a una instancia de negociación técnica obligatoria.
El conflicto radica en la interrupción de los flujos de dinero destinados a cubrir el déficit de los sistemas jubilatorios provinciales que no fueron absorbidos por la Nación en la década de los 90. Históricamente, el Gobierno central debe remitir importes equivalentes a lo que gastaría el sistema nacional si esos beneficiarios estuvieran bajo su órbita. Sin embargo, la administración bonaerense denuncia que desde 2020 los pagos arrastran demoras y que, a partir de 2024, tras la firma de decretos que alteraron el presupuesto prorrogado, el envío de anticipos mensuales quedó totalmente congelado, asfixiando las finanzas provinciales.
Durante la sesión ante la Secretaría de Juicios Originarios, los delegados de Javier Milei y los ministros de Kicillof acordaron una hoja de ruta que incluye el intercambio exhaustivo de información contable y la realización de auditorías pendientes. La Justicia fue determinante al señalar que la próxima cita, programada para el 21 de abril, no será para discutir formalidades, sino para presentar resultados concretos sobre las conversaciones. Mientras el Ministerio de Economía bonaerense celebró la apertura de este canal institucional, en los despachos de la Anses y el Palacio de Hacienda nacional se mantiene una postura de estricta reserva sobre los avances del pacto.
El escenario se vuelve más complejo ante las cláusulas establecidas en el presupuesto para el presente año. La normativa vigente especifica que solo las provincias con déficits reconocidos en convenios firmados con la Anses a partir de 2021 podrán acceder a los desembolsos. Esta condición actúa como un cuello de botella para la provincia de Buenos Aires, que insiste en que la información ya fue suministrada mientras la Nación alega falta de validación técnica. La resolución de este pleito no solo aliviaría el frente judicial de la Casa Rosada, sino que determinaría la viabilidad de la gestión de Kicillof en un año donde los reclamos por obras y fondos coparticipables siguen escalando en intensidad.
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