Impulso civil por una ley de amnistía para detenidos políticos en Cuba

El colectivo Foro Acción por la Amnistía impulsa un proyecto de ley para liberar a los presos políticos en Cuba. Buscan recolectar diez mil firmas para exigir ante la Asamblea Nacional la despenalización del disenso y la democratización del diálogo político.

Manuel Cuesta Morúa, uno de los impulsores del Foro Acción por la Amnistía.

Una coalición compuesta por más de cincuenta agrupaciones disidentes, bajo el nombre de Foro Acción por la Amnistía 2026, presentó este lunes una estrategia legal que busca transformar el escenario judicial de la isla. El objetivo principal de este colectivo es recolectar un mínimo de diez mil firmas certificadas para elevar un proyecto de iniciativa popular ante la Asamblea Nacional, exigiendo la liberación incondicional de quienes permanecen bajo arresto por motivos ideológicos. Los referentes del movimiento, entre ellos Manuel Cuesta Morúa y Carolina Barrero, sostienen que cualquier diálogo diplomático futuro entre La Habana y Washington debe condicionarse estrictamente al cese de la criminalización de la discrepancia y a la salida de las cárceles de todos los opositores, marcando una diferencia con procesos externos donde el control de las concesiones quedó exclusivamente en manos del oficialismo.

La urgencia de esta propuesta se acentúa tras conocerse que el sistema judicial cubano denegó recientemente el beneficio de libertad anticipada a Luis Manuel Otero Alcántara, figura emblemática del Movimiento San Isidro que se encamina a cumplir un lustro de reclusión. Los activistas subrayan que la actual coyuntura de presión internacional representa una ventana de oportunidad inédita para que la sociedad civil asuma un rol protagónico en la redacción de sus propias garantías democráticas. Al observar experiencias regionales previas, los coordinadores del Foro enfatizan la necesidad de construir un marco jurídico robusto que impida que las decisiones sobre los derechos fundamentales sigan siendo una potestad arbitraria del Estado, buscando así un cambio estructural que garantice la participación ciudadana en el destino político de la nación caribeña.

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