“La Redacción” accedió en exclusiva al acta judicial y al acuerdo consular que permitían la liberación inmediata de la abogada argentina. Sin embargo, un giro de último momento de la fiscalía y el rigor del tribunal postergaron su retorno entre 10 y 15 días más.
El destino de Agostina Páez dio un vuelco inesperado en los tribunales de Río de Janeiro. Lo que el martes se celebró como un consenso diplomático y jurídico definitivo, se transformó este jueves en un nuevo escollo burocrático que mantiene a la influencer con monitoreo electrónico y prohibición de salida del país.
Los detalles exclusivos del acuerdo alcanzado:
Reducción de cargos: El Ministerio Público aceptó unificar los tres delitos de injuria racial en la figura de “crimen continuado”, bajando la pena al mínimo legal.
Pena en Argentina: El documento revela que la fiscalía aceptó que la sanción se cumpla mediante servicios comunitarios en su país, bajo tratados del Mercosur.
Garantía Consular: El Consulado Argentino presentó una nota formal comprometiendo la comparecencia de Páez ante jueces argentinos para evitar el riesgo de fuga.
Reparación económica: Se fijó un pedido de indemnización de 120 salarios mínimos por cada víctima, sumando un total estimado de 150.000 dólares.
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Para destrabar la salida, el Consulado presentó un documento técnico que garantizaba que Páez no evadiría la justicia:
“La justicia brasileña podrá solicitar la colaboración de la justicia argentina para la elaboración de actas de comparecencia periódica ante los tribunales argentinos, a fin de garantizar la presentación de la Srta. Agostina Páez en el proceso”.
Además, el acuerdo preveía la participación de la abogada en audiencias mediante videoconferencia bajo la dirección de las autoridades brasileñas.
A pesar de que el acta muestra que el Ministerio Público originalmente “no se oponía” al regreso de Páez a su patria, la situación cambió drásticamente. Según la defensa, la fiscalía retrocedió tras declaraciones públicas de la joven sobre el monto del resarcimiento, alegando una “presunta obstaculización” del proceso.
El juez determinó que la liberación de las cautelares quedará condicionada al pago de una caución del 50% del valor de las indemnizaciones y a la presentación de los alegatos finales, lo que posterga el final de esta “pesadilla” al menos dos semanas más.
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