El Gobierno envió la “Ley Hojarasca”: los detalles del plan para derogar 70 leyes obsoletas

El Poder Ejecutivo presentó en el Congreso un proyecto de desregulación profunda impulsado por Federico Sturzenegger. La iniciativa busca eliminar normativas anacrónicas, como el carnet obligatorio para mochileros o el registro de palomas mensajeras, y recortar fondos a entidades vinculadas a la política.

Diputados debatirá la reforma de la Ley de Glaciares. Foto: omarbacks.

Bajo el principio de que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no prohíbe”, el Ministerio de Desregulación identificó decenas de normas que han quedado abstractas por el avance tecnológico o que violan libertades constitucionales. Además de limpiar el “ruido” legislativo, el proyecto incluye una “cuota de motosierra” al quitar financiamiento estatal a organismos como la Federación Argentina de Municipios y el Círculo de Legisladores.

A continuación, se resumen las derogaciones más curiosas y los recortes de fondos previstos:

Ley / Año Objeto de la Norma Motivo de la Derogación
Ley 20.802 (1974) Carnet de mochilero obligatorio. Viola el derecho a la libre circulación.
Ley 27.171 (2015) Registro de palomas mensajeras. Intervención estatal innecesaria en lo privado.
Ley 22.964 (1983) Internación compulsiva por lepra. Considerada de “corte medieval” y estigmatizante.
Ley 94 (1864) Pena de azotes a autoridades. La pena de azotes está prohibida por la Constitución.
Ley 20.959 (1975) Libre estacionamiento para legisladores. Contradice el principio de igualdad ante la ley.
Ley 24.807 (1997) Fondos para la Fed. Arg. de Municipios. Eliminación de financiamiento con recursos públicos.

Tecnología y desuso

Gran parte del paquete legislativo apunta a normas que quedaron “enterradas” por el progreso digital. Leyes que obligaban al uso de microfilmación en el Ejército o la Armada, y normativas que autorizaban la televisión a color o regulaban la explotación de carbón en un contexto de descarbonización, serán dadas de baja para simplificar el marco normativo nacional.

El fin de los “premios estatales”

El proyecto también pone fin a leyes que instituían premios financiados por el Estado, como el Premio Nacional a la Calidad o incentivos para la cría de conejos. Según los fundamentos de Sturzenegger, no es tarea del sector público premiar la eficiencia privada: “Será el mercado quien lo premie; a mayor eficiencia, mayores ganancias”, sostiene el texto enviado al Parlamento.

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