El gobernador Martín Llaryora habilitó una sede operativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en el departamento General San Martín. La unidad cuenta con 40 efectivos y seis móviles destinados a combatir el narcomenudeo mediante tareas de investigación, patrullaje y despliegue táctico.
El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó el acto de inauguración de la nueva base operativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la ciudad de Villa María.
La apertura de este centro se integra en el plan de fortalecimiento territorial diseñado para el departamento General San Martín y zonas de influencia, con el objetivo de descentralizar las acciones de seguridad y mejorar los tiempos de respuesta ante delitos vinculados a la venta minorista de estupefacientes.
La flamante sede albergará a la Compañía de Intervenciones Especiales (CIE), equipos tácticos para allanamientos y una brigada de investigaciones. Además, el destacamento dispone de una unidad canina k9 para búsquedas específicas.
Según informaron las autoridades, el despliegue de 40 efectivos y seis vehículos permitirá un monitoreo constante y una articulación directa con el Poder Judicial en la zona.
Durante la ceremonia, Llaryora señaló que la inversión en seguridad se ejecutó a pesar del complejo escenario económico actual. El mandatario provincial vinculó este hito con medidas complementarias, entre las que mencionó el aumento del 60% en el personal de la fuerza durante el último año, la implementación del narco test para funcionarios públicos y la reciente creación de siete fiscalías especializadas en diversas ciudades del interior cordobés.
El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y el fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, coincidieron en que la presencia física de la FPA en Villa María busca consolidar un entorno de mayor control sobre el crimen organizado. Por su parte, el jefe de la FPA, Camilo Lassaga, indicó que la medida responde a una planificación estratégica que ya habilitó bases similares en Río Cuarto y Marcos Juárez.
La operatividad de la nueva base dependerá del trabajo mancomunado con el Ministerio Público Fiscal. La estructura busca que los investigadores y el personal táctico operen bajo una misma unidad de mando local, lo que agilizaría los procesos de recolección de pruebas y las intervenciones en flagrancia en el sector sur de la provincia.
El fortalecimiento de la infraestructura policial en el interior plantea el interrogante sobre la sostenibilidad de este despliegue en relación con la demanda de recursos humanos y técnicos que requiere la lucha contra el narcotráfico (comercio de drogas).
La integración de estas nuevas unidades al sistema de seguridad provincial determinará si la descentralización logra efectivamente reducir la incidencia delictiva en las comunidades regionales.
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