Mientras la Asociación del Fútbol Argentino celebra casi una década de gestión de “Chiqui”, la Justicia avanza con allanamientos y restricciones que ponen en jaque a la dirigencia.
Mientras la Asociación del Fútbol Argentino celebra casi una década de gestión de “Chiqui”, la Justicia avanza con allanamientos y restricciones que ponen en jaque a la dirigencia.
Este 29 de marzo marca un hito cronológico para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se cumplen nueve años desde que Claudio “Chiqui” Tapia asumió la presidencia en 2017, un periodo que la institución define como una “etapa de ordenamiento, crecimiento y proyección para el fútbol nacional”.
Sin embargo, este aniversario encuentra a la dirigencia en una encrucijada donde los laureles deportivos colisionan frontalmente con los expedientes judiciales.
Desde el búnker de la calle Viamonte, el balance oficial es de un optimismo absoluto. La gestión destaca que la administración ha trabajado en la “normalización institucional, fortaleciendo los vínculos con todos los actores del sistema y promoviendo una estructura más sólida, moderna y transparente”.
Bajo este prisma, la recuperación del protagonismo internacional y la federalización han sido los pilares de un proyecto que logró “consolidar un esquema sustentable, con crecimiento en los ingresos comerciales”.
No obstante, el brillo de las copas no logra opacar el ruido en los tribunales económicos. La realidad institucional convive hoy con un escenario procesal complejo que afecta directamente a la cúpula directiva.
Recientemente, el juez en lo penal económico, Diego Amarante, denegó un pedido de Tapia para salir del país por 60 días. La causa investiga una presunta retención indebida de aportes.
Según el magistrado, la “imprecisión de los motivos alegados” y la falta de documentación actualizada impidieron otorgar el permiso, marcando un límite severo a la movilidad del dirigente.
A esto se suma la presión del juez federal Adrián González Charvay, quien ordenó allanamientos en las sedes de Viamonte y el predio de Ezeiza. La lupa está puesta sobre la empresa TourProdEnter, vinculada con Javier Faroni, y un presunto manejo irregular de fondos que también involucra al tesorero Pablo Toviggino por supuestos “desvíos y su relación con una propiedad en Pilar”.
En medio de este torbellino, el Gobierno Nacional ha decidido pasar a la acción administrativa. Se dispuso una veeduría por 180 días, encabezada por Rubén Miguel Pappacena y Agustín Ortiz de Marco. El objetivo es quirúrgico: analizar balances, contratos y vínculos comerciales para determinar la transparencia real de los recursos.
A nueve años de aquel inicio en 2017, la AFA asegura avanzar en un proyecto que “honra su historia y proyecta un futuro de mayor desarrollo”. No obstante, el veredicto final sobre esta gestión parece que no se dictará en las canchas, sino en los pasillos de Comodoro Py.
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