La Ciudad levantó la clausura del complejo Estación Buenos Aires tras el derrumbe de cocheras, pero los vecinos temen regresar por nuevas rajaduras y ventanas dobladas. Denuncian que la habilitación es una maniobra para interrumpir el pago de sus alojamientos temporales.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el cese de la clausura en el sector 2 del conjunto habitacional ubicado en Parque Patricios, permitiendo que los residentes regresen a sus hogares. La determinación de la Guardia de Auxilio y Emergencias surge tras las reparaciones efectuadas por la constructora COSUD SA, contando con el aval de la fiscalía que interviene en el caso. Según el comunicado oficial, el edificio posee garantías de estabilidad estructural y cuenta con el restablecimiento pleno de los suministros de gas, electricidad y agua.
Esta medida intenta normalizar la situación tras una semana de máxima tensión, en la que una segunda evacuación fue necesaria debido al hallazgo de cristales estallados y aberturas deformadas en la Torre A. No obstante, el historial del predio —que incluye el colapso de una losa en el área de cocheras a principios de marzo— ha dejado una huella de inseguridad profunda en los adjudicatarios, quienes cuestionan la celeridad con la que se dictó la habitabilidad del inmueble.
A pesar de las autorizaciones legales, gran parte de las familias manifiesta un pánico persistente a que la edificación sufra un fallo catastrófico. Propietarios de los niveles inferiores reportan la aparición de nuevas fisuras en muros y el desprendimiento de revestimientos cerámicos, señales que interpretan como indicios de una presión excesiva sobre la base de la torre. El temor se agrava por la finalización de los contratos en los hoteles donde permanecían alojados, lo que obliga a muchos a retornar a sus departamentos por falta de alternativas económicas, calificando el regreso como una imposición ante la inminente situación de calle.
La representación legal de los damnificados, que abarca a la mayoría de las unidades funcionales, ha solicitado que peritos particulares realicen una inspección exhaustiva antes de convalidar el estado del edificio. Los vecinos denuncian que la habilitación judicial podría ser una maniobra para relevar al Estado y a la constructora de los costos de alojamiento temporal. Mientras algunos residentes han optado por alquilar en otras zonas para resguardar a sus hijos menores, otros han vuelto a sus viviendas encontrando incluso aberturas forzadas, sumando la preocupación por la inseguridad a la fragilidad edilicia que perciben diariamente.
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