La anestesista residente del Hospital Rivadavia, quien inicialmente aportó un testimonio clave como testigo, fue imputada en la causa por el desvío de fármacos hospitalarios. La justicia investiga su rol en el circuito que conectaba al residente fallecido, Alejandro Zalazar, con el robo de sustancias del Hospital Italiano.
La investigación por el desvío de anestésicos de uso exclusivo hospitalario en la Ciudad de Buenos Aires sumó un giro inesperado con la imputación de Chantal “Tati” Leclercq. Aunque inicialmente su declaración ayudó a conectar la muerte de Alejandro Zalazar con el robo de fármacos en el Hospital Italiano, el avance del expediente la posicionó como una figura central en el entramado delictivo.
Leclercq, de 27 años y residente de tercer año en el Hospital Rivadavia, compartía un vínculo estrecho con otros implicados. Se graduó en la Universidad Austral junto a Delfina Lanusse, otra de las principales investigadas, y mantenía una relación de cercanía con el resto de los profesionales bajo sospecha.
Nexo con el fallecido: Zalazar, hallado muerto por sobredosis el 20 de febrero, había realizado su residencia en el mismo hospital que Leclercq.
De testigo a sospechosa: Su rol dejó de ser periférico tras analizarse su capacidad para actuar como nexo entre los distintos actores del circuito de distribución de fármacos.
Medidas judiciales: En un operativo reciente, se allanó su domicilio en el country Santa Bárbara y se le secuestraron dispositivos electrónicos para ser peritados.
La justicia busca determinar cómo sustancias como el propofol y el fentanilo salieron de instituciones como el Hospital Italiano hacia domicilios particulares. Una de las hipótesis principales se centra en la organización de encuentros privados conocidos como “Fiestas del propofol” o “Propofest”.
En estas reuniones se realizaban los denominados “viajes controlados”, donde se administraban anestésicos a terceros fuera del entorno médico. La investigación sugiere que existía una suerte de guardia médica improvisada con dispositivos de asistencia respiratoria, como el ambú, para intervenir ante posibles paros respiratorios provocados por la droga.
El expediente principal por el desvío de fármacos está radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29. Aunque aún no hay una calificación definitiva, los delitos investigados podrían encuadrarse como hurto o administración fraudulenta, con penas previstas de hasta seis años de prisión. En paralelo, la muerte de Alejandro Zalazar continúa tramitándose bajo la carátula de averiguación de muerte dudosa.
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