El fiscal Gerardo Pollicita convocó a declarar a Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras del departamento de Caballito y amigo del Jefe de Gabinete. La justicia busca esclarecer las condiciones del préstamo sin intereses y el origen de los fondos tras los allanamientos a la inmobiliaria que comercializó la propiedad.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó cinco nuevas citaciones testimoniales clave para el avance del expediente. El fiscal federal Gerardo Pollicita convocó a declarar a personas vinculadas directamente con las transacciones bajo sospecha, incluyendo al entorno familiar de las vendedoras y a los responsables de la comercialización de los inmuebles.
Entre los citados destaca Pablo Martín Feijoo, amigo personal de Adorni e hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que vendió el departamento de la calle Miró en Caballito. Según la investigación, Feijoo habría sido quien reservó originalmente la propiedad. Su declaración, fijada para el 22 de abril, busca explicar la “confianza” que justificó un crédito de 200.000 dólares a un año y sin intereses en favor del funcionario.
Cronograma de declaraciones:
20 de abril: Natalia Rucci (martillera) y Marcelo Trimarchi, dueños de la inmobiliaria Rucci.
22 de abril: Pablo Martín Feijoo y el encargado del edificio de la calle Miró.
27 de abril: Juan Ernesto Cosentino, vendedor de la casa en el country Indio Cuá.
La escribana Adriana Nechevenko, quien declaró conocer a Adorni hace más de 25 años, detalló que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, pagaron un adelanto de 30.000 dólares por el inmueble de Caballito. Nechevenko admitió que Adorni comenzó a acumular propiedades al asumir la función pública, pero sostuvo que las operaciones no le resultaron “sospechosas” y por ello no solicitó justificación de origen de fondos.
Además del departamento de Caballito, la justicia analiza la hipoteca de una propiedad en Parque Chacabuco por 100.000 dólares, otorgada por la comisario retirada Graciela Molina y su hija Victoria Cancio. A diferencia del crédito de las jubiladas, este préstamo se pactó con un interés del 11% anual y pagos mensuales.
El fiscal Pollicita busca contrastar estas deudas y el patrimonio real con las declaraciones juradas entregadas por la Oficina Anticorrupción, donde se habrían detectado omisiones de activos por más de 16 millones de pesos. Como parte de las próximas medidas, la fiscalía solicitará el levantamiento del secreto fiscal y bancario del Jefe de Gabinete.
Un punto de tensión en la causa es la entrega de los dispositivos electrónicos. Los investigadores aún no han podido acceder a los chats de la escribana Nechevenko, quien tras dos presentaciones en Comodoro Py alegó haber “olvidado” su teléfono celular en el auto.
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