Productores del Norte denunciaron cartelización en el sector semillero y criticaron la intención del Gobierno Nacional de adherir al convenio UPOV 91. La Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) cuestionó al ministro Federico Sturzenegger por vincular el estancamiento productivo con la falta de una nueva normativa.
El debate por la actualización de la Ley de Semillas en Argentina sumó un nuevo capítulo de conflicto tras las declaraciones de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).
La entidad, que nuclea a agricultores de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca, emitió un duro comunicado donde rechazó la adhesión al convenio internacional UPOV 91 y denunció un esquema de beneficios concentrados para las grandes industrias del sector.
Hugo Meloni, presidente de Apronor, sostuvo que el discurso oficial que atribuye el freno en la producción a la antigüedad de la ley vigente es incorrecto. Según el dirigente, el factor que realmente condiciona el crecimiento del campo son los derechos de exportación (retenciones).
En este sentido, la entidad solicitó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que no se favorezca a sectores específicos mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mientras se mantiene la presión impositiva sobre los productores primarios.
Uno de los ejes centrales del reclamo radica en la comparación con Brasil. Los productores señalaron que el país vecino duplicó su producción de granos en la última década bajo el marco del convenio UPOV 78, el cual protege el “uso propio”.
Esta práctica permite a los agricultores reservar parte de su cosecha para la siembra siguiente sin pagar regalías, un derecho que, según Apronor, el esquema UPOV 91 busca restringir severamente para aumentar la recaudación de las compañías semilleras.
La entidad también manifestó su preocupación por lo que consideran una “connivencia” entre el Estado y las empresas privadas. El comunicado destacó que varios funcionarios en organismos de control provienen de las filas de las principales semilleras del mercado.
El escenario, según los agricultores, explicaría la disparidad en los controles: rigurosidad extrema y multas millonarias en cultivos como soja y trigo, frente a una aparente desprotección en el mercado de maíz, donde enfermedades como el achaparramiento (spiroplasma) afectaron gravemente los rendimientos en el norte argentino (NOA).
El conflicto expuso una grieta entre los diferentes actores de la cadena productiva. Mientras el Gobierno y algunas entidades rurales nacionales avanzaron en mesas de diálogo técnicas, los productores del NOA advirtieron que las normativas parecen “redactadas en las oficinas de las asociaciones que nuclean a los semilleros”.
A pesar de las críticas, desde Apronor aclararon que no toda la industria de biotecnología actúa de la misma forma, reconociendo a actores locales que trabajan junto al productor.
El cierre de esta disputa permanece abierto, con un sector productivo que se declaró en alerta ante la posible pérdida de derechos históricos sobre la semilla. La pregunta que queda latente en el sector es si una mayor protección de la propiedad intelectual atraerá efectivamente las inversiones prometidas o si, por el contrario, profundizará la transferencia de recursos desde el eslabón primario hacia las empresas de biotecnología agrícola.
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