El magistrado Ernesto Kreplak acelera el tramo final de la instrucción en torno a la catástrofe sanitaria vinculada al laboratorio HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro. La investigación, que ya registra 114 decesos y casi medio centenar de damnificados con secuelas físicas, sumó nuevas evidencias técnicas que complican a los 14 directivos y técnicos procesados. Durante las últimas jornadas, el juez encabezó una serie de audiencias donde cuatro de los implicados, entre ellos los responsables de producción y calidad José Antonio Maiorano y Nilda Furfaro, optaron por el silencio, ratificando únicamente sus testimonios previos.
El expediente, caratulado como el mayor desastre farmacológico en la historia del país, se encamina al debate oral con pedidos de pena que podrían alcanzar los 25 años de cárcel. La justicia ha logrado vincular las ampollas de anestésico con la presencia de microorganismos altamente resistentes a los tratamientos médicos, factor que habría desencadenado las muertes masivas. Mientras los peritos forenses culminan el análisis de casi cien historias clínicas adicionales, se espera que el principal investigado, Ariel García Furfaro, brinde su declaración el jueves próximo. La fiscalía no descarta extender la responsabilidad legal hacia organismos de control estatal por posibles omisiones en la vigilancia de los procesos de elaboración de estas sustancias medicinales peligrosas.