Córdoba cobrará a los padres los operativos de seguridad generados por falsas amenazas de tiroteos escolares. La medida busca resarcir al Estado por el uso de recursos policiales y bomberos, responsabilizando económicamente a las familias por las conductas de los menores.
La administración provincial de Córdoba ha formalizado una normativa que obliga a los progenitores o tutores legales a costear los gastos derivados de los despliegues de seguridad ante intimidaciones de violencia en instituciones educativas. Esta determinación busca frenar la reciente multiplicación de falsas alarmas y amenazas de tiroteos que, lejos de ser tratadas como bromas juveniles, ahora son catalogadas como incidentes de extrema gravedad que dilapidan fondos públicos. El Ministerio de Seguridad local detalló que, una vez que el sistema judicial individualice a los menores responsables, se iniciará un proceso administrativo para facturar a sus familias el uso de patrullas, brigadas de explosivos, bomberos y tecnología de rastreo, recursos que son sustraídos de la vigilancia ciudadana general para atender estas emergencias ficticias.
La medida no es aislada en el territorio nacional, ya que distritos como Santa Fe, Corrientes y la ciudad de Mar del Plata han adoptado protocolos similares ante el colapso operativo que generan estas denuncias, algunas de las cuales estarían vinculadas a desafíos de plataformas digitales. Mientras que en territorio santafesino se estima que cada operativo puede demandar hasta seis millones de pesos, en Corrientes la cúpula policial ha recordado que el Código Civil establece la responsabilidad solidaria de los adultos por los perjuicios que ocasionen los hijos bajo su cuidado. En términos prácticos, el nuevo protocolo de resarcimiento en Córdoba funcionará mediante una coordinación estrecha con la fiscalía para cuantificar el tiempo y el equipamiento asignado a cada caso, procediendo luego a la intimación de pago para garantizar que el impacto financiero de estas conductas no recaiga sobre los contribuyentes.
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