Córdoba cobrará a los padres los operativos de seguridad generados por falsas amenazas de tiroteos escolares. La medida busca resarcir al Estado por el uso de recursos policiales y bomberos, responsabilizando económicamente a las familias por las conductas de los menores.
La administración provincial de Córdoba ha formalizado una normativa que obliga a los progenitores o tutores legales a costear los gastos derivados de los despliegues de seguridad ante intimidaciones de violencia en instituciones educativas. Esta determinación busca frenar la reciente multiplicación de falsas alarmas y amenazas de tiroteos que, lejos de ser tratadas como bromas juveniles, ahora son catalogadas como incidentes de extrema gravedad que dilapidan fondos públicos. El Ministerio de Seguridad local detalló que, una vez que el sistema judicial individualice a los menores responsables, se iniciará un proceso administrativo para facturar a sus familias el uso de patrullas, brigadas de explosivos, bomberos y tecnología de rastreo, recursos que son sustraídos de la vigilancia ciudadana general para atender estas emergencias ficticias.
La medida no es aislada en el territorio nacional, ya que distritos como Santa Fe, Corrientes y la ciudad de Mar del Plata han adoptado protocolos similares ante el colapso operativo que generan estas denuncias, algunas de las cuales estarían vinculadas a desafíos de plataformas digitales. Mientras que en territorio santafesino se estima que cada operativo puede demandar hasta seis millones de pesos, en Corrientes la cúpula policial ha recordado que el Código Civil establece la responsabilidad solidaria de los adultos por los perjuicios que ocasionen los hijos bajo su cuidado. En términos prácticos, el nuevo protocolo de resarcimiento en Córdoba funcionará mediante una coordinación estrecha con la fiscalía para cuantificar el tiempo y el equipamiento asignado a cada caso, procediendo luego a la intimación de pago para garantizar que el impacto financiero de estas conductas no recaiga sobre los contribuyentes.
El presidente de Estados Unidos endureció su postura y ordenó destruir cualquier buque que intente minar el paso estratégico. Mientras tanto, Irán refuerza su control militar en la zona y el crudo Brent supera los 103 dólares.
El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella registró su tercera baja mensual consecutiva. Con un descenso del 5,7% en abril, el indicador alcanzó su punto más bajo desde julio de 2024, afectado por la inflación y las tarifas.
La Policía de la Ciudad desalojó este jueves un inmueble en La Paternal donde vivían más de 100 personas. El operativo, marcado por denuncias de irregularidades y tensión vecinal, forma parte del plan de recuperación de propiedades de Jorge Macri.
La Justicia detectó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abonó casi 9000 dólares en billetes físicos para hospedarse en complejos de lujo en el Caribe. El hallazgo se suma a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y deudas millonarias.
El secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, enfrenta una grave denuncia por omitir al menos cinco propiedades en Florida y sociedades en Delaware. Los inmuebles, valuados en miles de dólares, no figuran en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
La joya blaugrana sufrió una lesión en el bíceps femoral tras marcar el gol del triunfo ante el Celta. Aunque no volverá a jugar con su club este año, los plazos médicos confirman que estará a disposición de Luis de la Fuente para la cita en Norteamérica.
Lucas Forastieri, hijo de un magnate del transporte y “gurú” financiero en redes, fue detenido en Luján. Acusado de estafar a inversores por cifras millonarias, su vida de lujos en Instagram contrastaba con proyectos inmobiliarios fantasmas y bonos que nunca devolvió.
Juan Ignacio Debandi Álvarez, de 36 años y oriundo de General Rodríguez, fue visto por última vez a mediados de enero en la ciudad de Cassis. Su familia inició una búsqueda internacional tras perder rastro de sus dispositivos electrónicos y movimientos bancarios.
