El proceso judicial que encabeza el fiscal Gerardo Pollicita sumó un testimonio clave que complica la situación patrimonial del actual jefe de Gabinete. Durante una declaración de tres horas en los tribunales de Comodoro Py, Pablo Martín Feijoo, desarrollador inmobiliario y allegado al funcionario, admitió la existencia de un compromiso financiero por 65.000 dólares que no figura en los documentos oficiales de la transacción de un inmueble en Caballito. Según el testigo, este monto corresponde al costo de las reformas integrales realizadas en la propiedad de la calle Miró antes de que el ministro coordinador se mudara, un gasto que el empresario habría financiado personalmente bajo la promesa de un reembolso futuro vinculado a la venta de otro activo de Adorni.
La pesquisa intenta determinar si el vertiginoso ascenso en el estándar de vida del funcionario se ajusta a sus remuneraciones estatales. Feijoo, cuya madre es una de las jubiladas que financió la compra del departamento al 87% y sin intereses, justificó la venta de la propiedad a un precio significativamente menor al de mercado alegando el valor estratégico de vincular su firma con figuras de alto perfil político. No obstante, la atención de los investigadores se centra ahora en el origen de los fondos utilizados para costear diversos viajes internacionales junto a su cónyuge y otros gastos de gran envergadura, los cuales habrían sido abonados mayoritariamente mediante billetes en efectivo, eludiendo los registros del sistema bancario tradicional y las tarjetas de crédito.
Ante las sospechas de irregularidades, el Ministerio Público ha impulsado una batería de medidas que incluyen el levantamiento del secreto financiero sobre billeteras digitales, plataformas de cobro y carteras de criptoactivos pertenecientes al matrimonio desde el año 2022. Asimismo, se han librado requerimientos a agencias de turismo y aerolíneas para identificar las modalidades de pago de sus trayectos al exterior, además de solicitarse informes detallados sobre la titularidad de cofres de seguridad en entidades bancarias y empresas de resguardo. El expediente también analiza otros préstamos hipotecarios otorgados por agentes policiales y operaciones en barrios cerrados, conformando un complejo entramado de deudas cruzadas que el jefe de ministros deberá clarificar ante la Justicia Federal.