Tres horas de declaración virtual brindó Ariel García Furfaro ante el juez Ernesto Kreplak por la contaminación de fentanilo en HLB Pharma. Durante la audiencia, el empresario vinculó 114 muertes a un atentado y ofreció fondos estatales para resarcir víctimas.
Ariel García Furfaro, principal imputado en la investigación por la mayor tragedia sanitaria por fármacos adulterados en Argentina, prestó declaración indagatoria este jueves. El empresario, detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, compareció mediante videollamada ante el Juzgado Federal de La Plata.
Durante tres horas de exposición, el procesado sostuvo su inocencia y atribuyó la presencia de bacterias en los lotes de fentanilo a una maniobra intencional para perjudicar a sus laboratorios.
El juez federal Ernesto Kreplak lidera este expediente que, tras nuevas pericias, elevó la cifra de víctimas de 20 a 114 fallecimientos bajo estudio. La causa investiga la presunta adulteración de sustancias medicinales en las plantas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A.
Según la acusación, los medicamentos inyectables contenían microorganismos multirresistentes como Klebsiella pneumoniae, detectados originalmente tras una alerta en el Hospital Italiano de La Plata en mayo de 2025.
García Furfaro centró su testimonio en la seguridad de sus procesos industriales. Argumentó que la maquinaria utilizada en Laboratorios Ramallo contaba con tres filtros de seguridad, superando los dos requeridos por la normativa de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
El empresario afirmó que la contaminación solo pudo ser posible mediante un retiro deliberado de estos dispositivos y solicitó pericias informáticas sobre los equipos.
Investigadores judiciales, sin embargo, mantienen el foco en la responsabilidad de los directivos. En esta etapa, el magistrado busca cerrar la instrucción para elevar el caso a juicio oral.
Junto a García Furfaro, otros 13 integrantes de las compañías enfrentan cargos como coautores de adulteración de sustancias medicinales de modo peligroso para la salud, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión. Entre los procesados figuran familiares directos del empresario y personal técnico de control de calidad.
Durante la audiencia, el imputado describió una situación de colapso financiero en sus empresas y señaló que diversos estados provinciales mantienen deudas por licitaciones de medicamentos.
Según su declaración, el monto adeudado asciende a 10 millones de dólares. El empresario propuso que esos activos sean utilizados para compensar a los familiares de los fallecidos y a los 49 pacientes que sobrevivieron con secuelas graves.
La sesión debió interrumpirse debido a problemas técnicos en la conexión de internet del penal. El juzgado dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando se reanudará la indagatoria de García Furfaro.
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