La Justicia federal analiza los ocho fetos hallados en bolsas de residuos para determinar el destino del embarazo de la nena de 12 años violada en Santiago del Estero. La historia clínica confirma tres procedimientos realizados en un solo día, mientras se investiga el rol de una ONG porteña que financió el traslado.
El macabro hallazgo en la clínica Santa María de Villa Ballester durante el último fin de semana sigue arrojando datos escalofriantes. Mientras la Justicia federal y la UFI N°7 de San Martín avanzan en la investigación, el foco está puesto en una pieza de evidencia biológica fundamental: el ADN de uno de los ocho fetos secuestrados.
Este ADN es la única llave para resolver dos misterios: el destino final del embarazo de una niña de 12 años violada en Santiago del Estero y la identidad del abusador que la embarazó.
Viernes 24 de abril: La Justicia de Santiago del Estero envía un oficio urgente al Juzgado Federal de Tres de Febrero. Advierten que una menor de 12 años, con un embarazo de ocho meses producto de una violación, fue trasladada a Buenos Aires para un aborto clandestino de altísimo riesgo.
Sábado 25 de abril: La Superintendencia de Delitos Complejos de la Bonaerense allana la clínica Santa María.
El hallazgo: Encuentran ocho fetos en bolsas de residuos patógenos. Cinco estaban completamente formados (lo que sugiere embarazos muy avanzados) y tres eran embriones.
El relevamiento de los documentos del centro médico permitió a los investigadores confirmar que la clínica mantuvo una actividad frenética justo antes del operativo. Según la historia clínica secuestrada:
Se realizaron tres abortos el viernes pasado.
Uno de esos procedimientos coincide con los datos de la menor santiagueña.
La madre de la niña (una pensionada de 48 años) no pudo precisar ante las autoridades si el bebé nació vivo o muerto, lo que abre la sospecha de un posible caso de trata de personas si la criatura hubiera sobrevivido al octavo mes de gestación.
El ADN como prueba: La Justicia ordenó extraer muestras a los ocho fetos preservados. El objetivo es contrastarlos con el perfil genético de la niña para identificar cuál era su hijo y, a partir de allí, obtener el mapa genético del violador en Santiago del Estero.
Uno de los puntos más polémicos de la causa es la logística del traslado. Según informes de la Policía de Santiago del Estero entregados a sus pares bonaerenses, una ONG con sede en Palermo dedicada a la “salud reproductiva” habría sido la encargada de:
Pagar los pasajes de la niña y su madre.
Costear el alojamiento en Buenos Aires.
Facilitar el contacto con la clínica de Villa Ballester.
A pesar de esta vinculación, la Justicia federal aún no ha citado a los directivos de la organización. Por el momento, no hay detenidos, aunque todos los profesionales y el personal presente en la clínica durante el allanamiento fueron debidamente identificados y quedaron supeditados a la causa por “averiguación de ilícito”.
Los investigadores en Buenos Aires se enfrentan a un interrogante que apunta directamente a la Justicia del norte del país: ¿Por qué la Justicia santiagueña permitió que el embarazo de una niña de 12 años avanzara hasta el octavo mes sin autorizar la ILE/IVE a tiempo? Esa demora forzó un procedimiento de riesgo extremo en una clínica que ahora es señalada como un centro de abortos clandestinos fuera de todo marco legal, donde los restos biológicos terminaban descartados en bolsas de basura.
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