Ariel García Furfaro declaró ante el juez Kreplak, negando negligencia en la producción de fentanilo contaminado que causó 114 muertes. El empresario denunció un presunto sabotaje y solicitó peritar la maquinaria, mientras la justicia ratifica fallos críticos en los controles industriales.
Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, compareció ante el juez federal Ernesto Kreplak en una extensa audiencia de seis horas para defenderse de las acusaciones que lo vinculan con la muerte de 114 personas. El empresario, actualmente recluido en la prisión de Marcos Paz, rechazó la teoría de una falla fortuita en la producción del anestésico y sostuvo que la contaminación de las ampollas con microorganismos patógenos solo pudo haber ocurrido mediante una acción deliberada. En su declaración, el acusado solicitó peritajes informáticos sobre la maquinaria industrial —valuada en tres millones de dólares— y sugirió que los filtros de seguridad podrían haber sido retirados de forma intencional por terceros.
La estrategia de la defensa, liderada por el abogado Gastón Marano, busca desacreditar la investigación que atribuye el desastre sanitario a un relajamiento severo en los estándares de esterilidad y control de calidad. García Furfaro introdujo la hipótesis de un atentado orquestado por un antiguo socio con quien mantiene un pleito personal, argumentando que no existen pruebas técnicas sobre cómo las bacterias ingresaron al circuito cerrado de envasado. Asimismo, el procesado cuestionó la validez de los análisis bioquímicos iniciales y denunció supuestas irregularidades documentales en las actas hospitalarias, sugiriendo que se intenta proteger a los centros de salud a costa de su laboratorio.
Por su parte, el magistrado Kreplak ratificó que la adulteración se gestó exclusivamente dentro de la planta productora. La resolución judicial sostiene que el sellado hermético del vidrio impide cualquier alteración posterior a la fabricación, señalando además graves faltas en los protocolos de sanitización y ensayos biológicos insuficientes. Mientras el Cuerpo Médico Forense indica que el fármaco contaminado fue un factor determinante en los fallecimientos de pacientes vulnerables, el imputado manifestó su intención de que los activos de su firma sean liquidados para compensar económicamente a los damnificados. García Furfaro, quien continuará su declaración este miércoles, enfrenta cargos por adulteración peligrosa de medicamentos con resultado de muerte, un delito que contempla penas de hasta un cuarto de siglo de cárcel.
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