Las autoridades de los seis centros de salud universitarios denunciaron que el Gobierno nacional no transfirió fondos en lo que va de 2026. Con una deuda de 80 mil millones de pesos, peligra la atención de 700 mil pacientes anuales.
Las autoridades de los seis centros de salud universitarios denunciaron que el Gobierno nacional no transfirió fondos en lo que va de 2026. Con una deuda de 80 mil millones de pesos, peligra la atención de 700 mil pacientes anuales.
La red de hospitales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) atraviesa su crisis más profunda en décadas. En una conferencia de prensa brindada en el Hospital de Clínicas, sus directores advirtieron que, de no recibir las partidas presupuestarias adeudadas, la atención médica tiene un plazo de supervivencia de apenas un mes y medio.
Deuda total: El Estado adeuda 80 mil millones de pesos destinados a funcionamiento operativo.
Parálisis operativa: El Hospital de Clínicas ya funciona al 50% de su capacidad instalada.
Insumos críticos: Hay riesgo inminente de falta de oxígeno, medicamentos y servicios de limpieza.
El doctor Norberto Lafos, director del Instituto Lanari, fue contundente al explicar que durante los primeros cuatro meses del año no han recibido “un solo peso” del presupuesto anual aprobado. Esta situación obliga a las instituciones a realizar una “ingeniería” constante que incluye el retraso de pagos a proveedores y la dependencia de donaciones para cubrir emergencias.
La falta de financiamiento impacta directamente en la compra de insumos médicos que, al estar dolarizados, incrementan su costo semanalmente. Según los directores, la situación ha llegado a un punto donde la planificación es imposible, afectando no solo la asistencia de pacientes, sino también la formación de miles de estudiantes y médicos residentes.
Por su parte, el doctor Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, puso el foco en el retraso salarial superior al 50%. Actualmente, la mayoría del personal administrativo y de limpieza percibe haberes cercanos al millón de pesos, mientras que enfermeros y médicos residentes con dedicación exclusiva se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad económica.
“El 70 u 80 por ciento de la gente que trabaja en el hospital cobra por debajo de la línea de la pobreza”, detalló Melo. Esta precariedad laboral se suma a la imposibilidad de liberar listas de cirugía o internar nuevos pacientes debido a la falta de suministros básicos que los proveedores ya no entregan por la deuda acumulada.
El reclamo se da en un contexto de máxima tensión política, a pocos días de la marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo. Las autoridades exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya aplicación fue ratificada por la Justicia pero continúa frenada por recursos interpuestos por la Procuración del Tesoro.
Los directivos concluyeron que mantener los hospitales abiertos sin los recursos mínimos para garantizar la asepsia y el suministro de oxígeno pasaría de ser un acto de servicio a uno de irresponsabilidad profesional. El sistema, que atiende a setecientas mil personas al año, se encuentra hoy en una cuenta regresiva que expira en junio.
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