El Ministerio de Seguridad Nacional incorporó los registros de morosos al programa Tribuna Segura mediante la Resolución 429/2026. La medida sumará a más de 13.000 personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y abarcará a otras 13 provincias.
El Ministerio de Seguridad Nacional incorporó los registros de morosos al programa Tribuna Segura mediante la Resolución 429/2026. La medida sumará a más de 13.000 personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y abarcará a otras 13 provincias.
El Gobierno nacional resolvió ampliar los alcances del programa de control e identificación en espectáculos deportivos, conocido como Tribuna Segura, para impedir el acceso a las canchas de fútbol de aquellas personas que se encuentren inscriptas en los registros de deudores alimentarios.
La medida fue oficializada este miércoles a través de la publicación de la Resolución N° 429/2026 en el Boletín Oficial, modificando la normativa de seguridad deportiva que regía desde el año 2017.
La decisión administrativa, firmada por la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, sumará de forma inmediata una nueva categoría de restricción a los controles habituales en los accesos deportivos.
Hasta la fecha, el sistema nacional se enfocaba principalmente en personas con antecedentes por violencia en el fútbol, contravenciones en espectáculos públicos o con pedidos de captura judicial pendientes.
A partir de esta actualización normativa, el artículo 2° del reglamento sumó cuatro nuevos incisos. El apartado específico determina que si existiera una medida judicial o de carácter administrativo que estipulare la prohibición de ingreso a estadios por motivos de morosidad alimentaria, la restricción de concurrencia se mantendrá activa dentro del sistema mientras continúe vigente la situación legal que le dio origen.
La implementación práctica de la medida requirió la suscripción de un convenio de colaboración institucional entre la cartera nacional, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Giménez, y el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia. Mediante este acuerdo, el Registro Público de Alimentantes Morosos de la Capital Federal transfirió sus datos al software de control de ingresos.
Cabe destacatar que, la incorporación de este padrón agregará a más de 13.000 ciudadanos porteños a la base de datos de exclusión del programa. Asimismo, la resolución ministerial ratificó que el sistema unificará la información proveniente de los registros de morosos de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad señalaron que la integración tecnológica modificará el esquema de inspección en los estadios. Anteriormente, la verificación de los deudores se realizaba de manera manual en un segundo cordón de seguridad pública, lo que generaba demoras en las filas de acceso. El nuevo cruce de datos automatizado promete agilizar la fluidez en las portadas de los recintos.
Paralelamente a la incorporación de los incumplimientos familiares, la actualización de la normativa amplió los criterios de admisión vinculados a la seguridad pública y el orden urbano.
Las autoridades ratificaron la exclusión del sistema deportivo para aquellos individuos que registren conductas violentas contra personas o bienes públicos, sin importar si los hechos se desarrollaron de forma individual o grupal en la vía pública.
La disposición ministerial incluyó penalizaciones específicas para quienes alteren el orden o utilicen servicios de transporte de pasajeros que no se encuentren debidamente registrados o habilitados por la autoridad gubernamental competente durante los traslados hacia los estadios de fútbol.
Del mismo modo, se determinó el bloqueo de acceso para los ciudadanos imputados, procesados o condenados por infracciones a la Ley de Narcotráfico N° 23.737, siempre que los delitos hayan sido cometidos en un contexto deportivo.
El programa busca profundizar las herramientas administrativas estatales para incentivar el cumplimiento de las obligaciones parentales básicas, utilizando el derecho de admisión como un mecanismo de coacción civil indirecta. El debate técnico de la reforma plantea interrogantes sobre la viabilidad operativa en aquellas provincias populosas que aún no transfirieron sus bases de datos locales al software de control unificado.
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