El país vecino atraviesa su tercera semana de bloqueos y protestas violentas. La combinación de una severa crisis económica y una feroz pelea judicial contra Evo Morales jaquean al nuevo gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.
El país vecino atraviesa su tercera semana de bloqueos y protestas violentas. La combinación de una severa crisis económica y una feroz pelea judicial contra Evo Morales jaquean al nuevo gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.
El centro de La Paz se convirtió en el escenario de una batalla campal que duró al menos tres horas. De acuerdo con información recolectada por el diario El País, miles de mineros asalariados y trabajadores campesinos se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en su intento por ingresar a la plaza Murillo, el núcleo del poder político boliviano. Los manifestantes exigen de forma unánime la dimisión del presidente Rodrigo Paz.
“Es una marcha que se ha organizado, se ha digitalizado y se la está dirigiendo por el Chapare, y desde el Chapare por Evo”, denunció el ministro de Defensa, Marco Antonio Oviedo.
Ataques con dinamita: Los manifestantes utilizaron explosivos contra los cordones policiales, que respondieron con gases lacrimógenos.
El factor Morales: El Gobierno acusa al expresidente de azuzar las protestas desde su bastión en el Chapare para eludir una orden de captura judicial.
Bloqueo total: Las rutas de acceso a la capital se encuentran obstruidas por sindicatos y juntas vecinales, generando desabastecimiento.
La movilización, denominada por los sectores afines a Morales como la “marcha por la vida para salvar a Bolivia”, capitaliza el profundo malestar ciudadano. Los manifestantes protestan contra el aumento sostenido de la inflación —con proyecciones que superan el 20% anual— y las fallas críticas en el suministro de combustibles, factores que debilitaron la economía urbana y rural.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz, un reformista de centroderecha que asumió hace apenas seis meses cortando dos décadas de hegemonía de la izquierda, enfrenta su mayor desafío político. Los gremios firmaron un pacto de “no traición” que rechaza cualquier convocatoria al diálogo, acusando al mandatario de conformar un gabinete de ministros orientado exclusivamente a favorecer a las élites empresariales.
La mecha que encendió el conflicto definitivo fue la promulgación de la Ley 1720, una normativa agraria que habilitaba el uso de pequeñas tierras campesinas como garantías bancarias, eliminando su condición de inembargables. Pese a que el jefe de Estado dio marcha atrás y la Asamblea Legislativa la derogó formalmente la semana pasada, la medida resultó tardía para desactivar la presión de las organizaciones de base.
El panorama macroeconómico tampoco ayuda a descomprimir el escenario institucional. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia registrará una contracción del 3,3% este año, consolidándose como la caída económica más pronunciada de toda Sudamérica. Frente a este panorama, el Poder Ejecutivo ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para liberar las carreteras, bajo la estricta prohibición de utilizar armas de fuego.
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