El diputado bonaerense Francisco Adorni no entregó su declaración jurada patrimonial obligatoria ante la Legislatura provincial. Además, rectificó de forma irregular una presentación nacional tras abrirse una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en los tribunales.
El diputado de la provincia de Buenos Aires, Francisco Adorni, se encuentra en el centro de la escena política tras confirmarse que no presentó su declaración jurada patrimonial obligatoria. El legislador oficialista, que asumió su banca parlamentaria el pasado 10 de diciembre de 2025, incumplió el plazo legal de 30 días hábiles establecido para regularizar su situación de transparencia institucional frente al Estado.
Irregularidades bajo investigación judicial:
Omisión provincial: No existe registro de su presentación obligatoria ante la Cámara de Diputados bonaerense.
Herencia tardía: Declaró un monto de 21 millones de pesos tras la apertura de una causa penal en su contra.
Error de competencia: Presentó la rectificación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción de la Nación, una entidad incompetente para su cargo actual.
Las autoridades de la mesa de entradas de la Legislatura bonaerense confirmaron que el legislador omitió radicar el documento patrimonial inicial. Esta falta de transparencia administrativa coincide temporalmente con las fuertes turbulencias judiciales que atraviesa su hermano, el actual jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, por inconsistencias severas en su evolución de bienes.
Frente a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que avanzan en los tribunales federales, el funcionario bonaerense intentó corregir sus declaraciones previas. A través de su cuerpo de abogados defensores, notificó una rectificación de sus bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), correspondiente a sus antiguos cargos jerárquicos dentro de la órbita de la administración central.
Antes de acceder a su banca provincial, Francisco Adorni se desempeñó como asesor del Ministerio de Defensa. Posteriormente, el funcionario ejerció funciones de alta responsabilidad institucional como titular de la Unidad de Auditoría Interna y presidente del Instituto de Ayuda Financiera entre 2024 y 2025.
En su rectificación de bienes, el legislador provincial admitió poseer 21 millones de pesos provenientes de una herencia paterna que nunca había sido detallada ante las autoridades nacionales del área de control. Además, la modificación del trámite introdujo variaciones sustanciales respecto de la valuación fiscal de una vivienda en City Bell y las condiciones de un crédito prendario.
Sin embargo, los analistas de derecho administrativo advierten que la rectificación se realizó ante el organismo equivocado, ya que la Oficina Anticorrupción nacional carece de jurisdicción sobre las provincias. Por su actual investidura, Adorni debía rendir cuentas directamente ante la tesorería de la Cámara de Diputados provincial, un paso legal que fue salteado de forma llamativa.
La investigación periodística del caso ya había expuesto que ambos hermanos Adorni ocultaron datos sensibles sobre un inmueble heredado en la ciudad de La Plata. El departamento céntrico en cuestión arrastraba una antigua deuda hipotecaria en dólares ejecutada por vía judicial desde principios del año 2002 por acreedores particulares de la familia.
Los registros públicos demuestran que Francisco Adorni tramitó personalmente el levantamiento de dicho gravamen inmobiliario durante los primeros meses del año 2024. La resolución del litigio civil no se alcanzó mediante el desembolso de fondos genuinos, sino invocando la prescripción de la deuda por el supuesto desinterés de los titulares originales del cobro.
La controversia patrimonial que rodea a los hermanos Adorni generó inmediatas repercusiones en la cúpula del Poder Ejecutivo. Importantes figuras de la administración nacional, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, manifestaron públicamente que están esperando la presentación formal de los papeles patrimoniales para despejar cualquier sospecha social.
Por su parte, los bloques opositores en la Legislatura provincial ya evalúan solicitar pedidos de informes formales ante la falta de transparencia del legislador. La omisión de la declaración jurada constituye una violación directa a la Ley provincial Número 15.000, que regula la ética de los funcionarios bonaerenses.
El escenario judicial promete complejizarse en las próximas semanas en tanto los peritos contables analicen los cruces de información entre las órbitas de la Nación y la Provincia. La evidente falta de consistencia en los documentos públicos debilita la postura del oficialismo en su discurso de transparencia institucional y combate frontal contra las irregularidades de la gestión pública.
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