La Jefatura de Gabinete anunció una partida presupuestaria de 590 millones de pesos para garantizar el funcionamiento del organismo encargado de identificar a hijos de desaparecidos, luego de una medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla.
El Poder Ejecutivo Nacional confirmó un incremento presupuestario extraordinario de 590 millones de pesos que será transferido de forma directa al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La medida administrativa de urgencia busca revertir el desabastecimiento crítico de insumos que ponía en riesgo los análisis.
Puntos críticos garantizados por los nuevos fondos:
Adquisición de reactivos químicos y drogas esenciales de laboratorio.
Mantenimiento técnico de heladeras, freezers y equipos de alta complejidad.
Viáticos para que especialistas realicen tomas de muestras biológicas en el interior.
La resolución oficial se notificó formalmente ante el Juzgado Federal Número 1 de La Plata, a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla. El tribunal penal había emitido previamente una medida cautelar interina intimando de forma directa a las autoridades de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
Desde la conducción técnica del laboratorio especializado, a cargo de la científica Mariana Herrera Piñero, se venía advirtiendo sobre un severo ahogo financiero desde marzo. La total falta de partidas específicas impedía la compra de insumos básicos y la normal provisión de servicios.
A pesar de efectivizar la transferencia de los recursos económicos extraordinarios, la representación legal del Gobierno nacional formalizó una queja institucional contra el fallo. Los equipos jurídicos del oficialismo consideraron que la orden dictada representa una afectación de las competencias de la administración central.
La gestión del Poder Ejecutivo cuestionó los mecanismos implementados por el Ministerio Público Fiscal y calificó el accionar de la dirección técnica del BNDG como una reacción desproporcionada. Argumentaron ante la justicia que la parálisis total de las actividades de extracción científica no estaba debidamente justificada.
La crisis operativa requirió una mesa de trabajo conjunta entre los delegados de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, liderada por Darío Genua. En dicha mesa de articulación se terminaron de destrabar los créditos presupuestarios necesarios para sostener el funcionamiento.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado originalmente en el año 1987 bajo la gestión presidencial de Raúl Alfonsín. El organismo nació como una respuesta directa al reclamo histórico de Abuelas de Plaza de Mayo para identificar con certeza científica a los nietos apropiados.
En la actualidad, las instalaciones de la institución resguardan bajo estrictas normas de bioseguridad alrededor de 32.000 muestras biológicas. El valioso material genético pertenece a familias que buscan a sus seres queridos o a ciudadanos que sospechan sobre el origen real de su identidad.
El impacto de la suspensión de los cotejos científicos también había encendido las alarmas en otros despachos penales de la provincia. El magistrado federal Ernesto Kreplak también había solicitado informes urgentes para resguardar los estudios de ADN vinculados a una compleja investigación sobre parteras clandestinas.
Las autoridades de la judicatura federal consideran que este laboratorio de alta complejidad constituye una herramienta estatal única e irremplazable. Su normal operatividad técnica resulta indispensable para asegurar el derecho a la identidad y la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.
En las próximas jornadas judiciales se prevé la incorporación de los informes técnicos correspondientes al Ministerio de Justicia de la Nación. Los funcionarios de la cartera dirigida por Juan Bautista Mahiques transmitieron la preocupación de los magistrados del fuero federal por la continuidad científica.
El juez de la causa continuará monitoreando el desarrollo de los desembolsos para dictar una resolución definitiva sobre la responsabilidad del Estado nacional. El control periódico de las partidas públicas busca garantizar que los procesos de identificación de personas no sufran nuevas interrupciones logísticas.
Los perros tienden a camuflar sus dolencias físicas como un instinto de supervivencia heredado de sus ancestros. Una serie de investigaciones advierte que los tutores suelen pasar por alto las señales sutiles de malestar crónico, confundiéndolas con el envejecimiento normal o cambios de humor.
Un informe técnico de la Comisión Nacional de Monumentos advierte que la megaobra proyectada junto al histórico Monasterio de Santa Catalina de Siena es inviable. El documento señala graves riesgos estructurales, daño arqueológico irreversible y alteración del microclima.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió de manera excepcional los plazos para la presentación y el pago de las declaraciones juradas del período fiscal 2025. Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 27 de julio de 2026 inclusive para cumplir con sus obligaciones obligatorias.
El Hospital Alemán emitió el primer informe oficial sobre la salud del chef, quien ingresó de urgencia a la unidad de psiquiatría. Las autoridades confirmaron que se encuentra clínicamente estable y bajo un estricto seguimiento médico interdisciplinario.
Las declaraciones de Ricardo Darín sobre Wanda Nara reabrieron el debate sobre qué se considera hoy “genialidad” en la cultura argentina. La discusión expone el peso simbólico de las palabras, la valorización de la fama por sobre el conocimiento y la creciente invisibilización del esfuerzo intelectual.
La compañía aérea de bandera inauguró una aeronave ploteada con los colores de la Selección nacional y el número 10 de Lionel Messi. Realizará vuelos especiales hacia las sedes de Estados Unidos para trasladar a los hinchas locales.
El expresidente Mauricio Macri desembarca en Cuyo en el marco de su gira federal “Próximo Paso”. Mantendrá una cena política con el gobernador Alfredo Cornejo y liderará un masivo encuentro partidario con miras a la reorganización del PRO para 2027.
La Jefatura de Gabinete anunció una partida presupuestaria de 590 millones de pesos para garantizar el funcionamiento del organismo encargado de identificar a hijos de desaparecidos, luego de una medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla.
