Por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, el gobierno bonaerense imputó a Mercado Libre. La empresa tecnológica afronta una posible sanción de $1.815 millones y dispone de cinco días para presentar su descargo administrativo.
Por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, el gobierno bonaerense imputó a Mercado Libre. La empresa tecnológica afronta una posible sanción de $1.815 millones y dispone de cinco días para presentar su descargo administrativo.
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires imputó a la empresa Mercado Libre tras detectar más de diez cláusulas presuntamente abusivas en sus contratos de adhesión. La Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores inició la acción de oficio luego de analizar los términos de uso del ecosistema digital, los préstamos personales y las opciones de crédito de la firma Mercado Pago.
La autoridad de aplicación constató que los instrumentos contractuales presentarían un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Los puntos observados incluyeron la indeterminación en el cobro de tarifas, la aceptación tácita de modificaciones contractuales y el traslado de responsabilidad al usuario por el uso no autorizado de las cuentas.
El organismo público también objetó la exención anticipada de responsabilidad por fallas técnicas y la fijación de la jurisdicción exclusiva en perjuicio del comprador.
El gobierno bonaerense otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la compañía fundada por Marcos Galperin presente su descargo por escrito o formule una propuesta de adecuación.
En caso de no modificar las cláusulas señaladas, el Ejecutivo provincial advirtió que aplicará una sanción económica que podría alcanzar los $1.815 millones. Antecedentes similares en el distrito registran imputaciones previas a plataformas como Rappi, Pedidos Ya y Netflix.
Paralelamente, el gobierno provincial informó que la empresa encabezó el registro de reclamos en el territorio, con 2396 denuncias individuales durante los primeros cuatro meses de 2026. Los principales motivos de queja radicaron en situaciones de fraude, problemas en la devolución de dinero o inconvenientes con el mecanismo de Compra Protegida.
Por su parte, Mercado Libre rechazó las acusaciones mediante un comunicado y aclaró que la medida corresponde a una instancia administrativa inicial que no implica una sanción firme. La firma aseguró que los términos y condiciones vigentes están alineados con la normativa actual y destacó que el volumen de reclamos es bajo en relación con la cantidad de operaciones diarias que procesa el sistema.
La resolución de este expediente administrativo plantea interrogantes sobre el alcance de las regulaciones estatales sobre las plataformas de comercio electrónico. Los contratos digitales estandarizados enfrentan un escrutinio creciente por parte de los organismos de control. Resta determinar si los mecanismos de defensa del usuario actuales resultan eficientes ante la digitalización de los servicios financieros o si los marcos legales vigentes requieren una actualización estructural.
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