Fuerzas de seguridad nacionales lograron desbaratar una compleja organización de piratas informáticos que se especializaba en vulnerar las bases de datos de importantes dependencias públicas y empresas del sector privado para comercializar el material sustraído. Las detenciones se concretaron tras un período de pesquisas que se extendió por más de medio año, culminando con la captura de siete integrantes del grupo, entre los cuales se encuentran cinco hombres, una mujer y un menor de edad. Los involucrados utilizaban canales digitales encriptados para ofrecer los padrones de información al mejor postor y recurrían a transacciones con activos virtuales y divisas digitales con el propósito de blanquear los fondos obtenidos de las operaciones ilícitas.
De acuerdo con las actuaciones judiciales llevadas adelante por el fuero federal, los perfiles de datos eran adquiridos por terceros que utilizaban la información para perpetrar maniobras de chantaje, intimidaciones y fraudes financieros. Los rastreos informáticos permitieron comprobar que la célula criminal empleaba programas informáticos de ejecución masiva para perforar los sistemas de seguridad de entidades críticas como el registro de las personas, el padrón automotor, el esquema sanitario centralizado, los portales de gestión ciudadana y la obra social de los jubilados. Además, los peritos detectaron que la estructura delictiva mantenía vínculos estrechos y compartía integrantes con un consorcio de ciberdelito internacional que había sido desarticulado por los tribunales a finales del año pasado.
A partir de las pruebas recolectadas, las autoridades judiciales ordenaron una serie de intervenciones simultáneas en múltiples domicilios distribuidos en el conurbano bonaerense, la Capital Federal y diversas localidades de las provincias de Córdoba, Chaco, Entre Ríos, San Juan y La Rioja. Durante los operativos se incautó una gran cantidad de dispositivos de conectividad, terminales móviles, equipos informáticos de alta potencia, soportes de almacenamiento físico, lectores de tarjetas y registros manuscritos con anotaciones clave para el desarrollo del expediente. Todo el material decomisado y las personas arrestadas quedaron bajo la tutela del juzgado interviniente para avanzar con el proceso penal por los delitos de acceso ilegítimo y asociación ilícita.