Quirno y Katopodis se enfrentaron por el estado de la red caminera federal

Pablo Quirno y Gabriel Katopodis protagonizaron un duro cruce digital por el mantenimiento de las rutas nacionales. Mientras el Gobierno elogió las mejoras privadas en el corredor del Mercosur, el ministro bonaerense denunció la parálisis de la obra pública estructural.

El canciller Pablo Quirno. Foto: NA.

Las plataformas digitales se convirtieron en el escenario de una severa confrontación política entre el canciller de la Nación, Pablo Quirno, y el responsable de la cartera de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, en torno a la gestión de las autopistas y carreteras federales. El desencadenante del conflicto fue una comunicación emitida por un canal de difusión de la Casa Rosada, en la cual se ensalzaba la restauración acelerada de más de doscientos kilómetros de vías de comunicación que unen territorio bonaerense y entrerriano, un corredor logístico considerado vital para el intercambio comercial del Mercosur. La administración central destacó que las labores de reacondicionamiento se completaron de manera anticipada y mediante la instrumentación de capitales privados, prescindiendo en su totalidad de erogaciones por parte del erario público.

La réplica de la terminal gubernamental de La Plata no tardó en manifestarse con duros cuestionamientos hacia la veracidad y el alcance del anuncio oficial. Katopodis desestimó la envergadura de las tareas, calificándolas de meras acciones de mantenimiento básico y desmalezamiento en una mínima porción de la vasta extensión que compone la traza vial del país. El funcionario bonaerense imputó a las autoridades federales una parálisis absoluta de la obra pública estructural y la inexistencia de nuevos proyectos de conectividad urbana, acusando paralelamente al Palacio de Hacienda de desviar los recursos provenientes de los gravámenes a los carburantes para confeccionar balances fiscales favorables. Frente a estas acusaciones, el jefe de la diplomacia argentina contraatacó reprochando el deterioro heredado en la infraestructura caminera y cuestionando el destino de los fondos públicos empleados durante el período anterior en emprendimientos recreativos municipales.

Este cruce de reproches se inscribe en pleno despliegue del nuevo régimen de concesiones de la Red Federal, la estrategia con la que el Ejecutivo nacional pretende delegar al sector privado la gestión, explotación y conservación de más de nueve mil kilómetros de rutas estratégicas a través del cobro directo de peajes al usuario. Desde el Ministerio de Economía detallan que las licitaciones públicas se encuentran estructuradas en múltiples fases secuenciales que abarcan diversas jurisdicciones provinciales de la zona centro, litoral y cuyana. La primera etapa contempló los accesos cuyo vínculo contractual caducó en los primeros meses del año pasado, mientras que las fases ulteriores avanzarán sobre los tramos portuarios, mediterráneos y del noroeste argentino para unificar los principales nodos de carga del territorio.

El modelo propuesto por el oficialismo busca clausurar el histórico esquema de subsidios y asistencia financiera estatal, transfiriendo la totalidad del riesgo operativo a las firmas adjudicatarias bajo la estricta fiscalización técnica de Vialidad Nacional. La corporación reguladora estatal conservará la potestad de auditar los estándares de seguridad vial, las condiciones de pavimentación y la calidad de las prestaciones que reciban los conductores en cada tramo. La disputa expone, una vez más, las visiones contrapuestas entre la desregulación económica pretendida por el gobierno de Javier Milei y el reclamo de una mayor intervención de las arcas públicas defendido por el gabinete bonaerense.

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