El juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli analizan pagos millonarios realizados a la firma de coaching de Bettina Angeletti por parte de tres empresas contratistas del Gobierno. La causa evalúa los presuntos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles.
La Justicia federal avanza en una investigación penal que complica la situación procesal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, la empresaria Bettina Angeletti. El expediente analiza la legalidad de los vínculos comerciales entre empresas contratistas del Estado y la firma de asesoría de la mujer del funcionario.
Los tres contratos bajo la lupa judicial:
Pagos de Silica Networks (Grupo Datco) por asesoría interna de personal.
Desembolsos de National Shipping, histórica contratista de la petrolera YPF.
Acuerdos con Grupo Foggia, productora vinculada a la concesión de Tecnópolis.
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli concentran la recolección de pruebas documentales para determinar la existencia de presuntos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles. La sospecha principal es que los pagos a la firma “+Be” funcionaron como canales de retorno de favores políticos.
Las auditorías contables confirmaron que la empresa de Angeletti recibió transferencias de Silica Networks por un total de 4.031.800 pesos a finales de 2024. A esa facturación inicial se le sumó otro desembolso parcial de 1.806.000 pesos por búsquedas de recursos humanos interrumpidas.
El segundo flujo de fondos documentado en el expediente judicial proviene de la compañía naviera National Shipping. La firma marítima es una proveedora habitual de la petrolera estatal YPF, corporación de cuyo directorio Adorni forma parte de manera formal desde enero de este año.
Los abogados de la naviera remitieron los comprobantes que suman 6.370.000 pesos abonados en concepto de capacitaciones corporativas entre 2024 y 2025. Los investigadores judiciales detectaron que “+Be” no se encuentra registrada formalmente como sociedad comercial ante los organismos de control técnico.
La firma operaba comercialmente de forma directa mediante la titularidad del nombre patentado a nombre de Angeletti, quien figuraba como la beneficiaria final. La defensa de la compañía marítima argumentó que los contratos se celebraron de forma previa al ascenso del dirigente al gabinete nacional.
La tercera pata de la causa alcanza a la productora de espectáculos Grupo Foggia, vinculada a la privatización del predio ferial de Tecnópolis. La firma fue fundada originalmente por la actual asesora de la Secretaría General de la Presidencia, Mara Gorini, y hoy es dirigida por su cónyuge.
El avance de este expediente impacta de manera directa sobre la causa paralela por enriquecimiento ilícito que afronta el funcionario de La Libertad Avanza. La mira del juzgado se enfoca sobre las inconsistencias en las declaraciones de bienes del núcleo íntimo del matrimonio.
La casa de fin de semana adquirida por la familia en el country Indio Cua figura exclusivamente a nombre de Angeletti como un bien propio. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) evalúa si la empresaria poseía la capacidad financiera justificada para abonar 20.000 dólares en efectivo.
Esa operación inicial permitió la demolición de la estructura para edificar una vivienda nueva valuada formalmente en 120.000 dólares. Adorni argumentó haber financiado los 100.000 dólares restantes mediante la toma de un crédito hipotecario sobre un departamento de su propiedad.
Finalmente, el fiscal Stornelli solicitó informes comerciales para determinar quién financió un viaje de descanso en jet privado hacia la ciudad de Punta del Este durante el carnaval. El funcionario se trasladó junto a un contratado de la Televisión Pública, sembrando nuevas dudas sobre la transparencia ética de su gestión.
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