Miles de personas se movilizaron este miércoles en todo el país al cumplirse once años de la primera marcha de Ni Una Menos. El colectivo feminista leyó un documento frente al Congreso que exige justicia por femicidios recientes, criticas al Gobierno de Javier Milei y pidieron restituir políticas de género.
A once años de la primera marcha motivada por el femicidio de Chiara Páez, miles de manifestantes ocuparon la Plaza del Congreso y replicaron las protestas en distintas ciudades del país, como Córdoba, Rosario y Mendoza.
El asesinato de la adolescente cordobesa Agostina Vega, de 14 años, y el de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años en Misiones, reavivaron el debate sobre las políticas de prevención en un contexto donde los registros oficiales muestran una estabilidad en los índices.
Durante el acto central se leyó un documento consensuado por el colectivo convocante que combinó exigencias judiciales con severas críticas a la administración del presidente Javier Milei.
Entre las demandas institucionales, se solicitó la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, bajo el argumento de deficiencias en la protección de Vega. Asimismo, cuestionaron a la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, por utilizar el término legal de homicidio en lugar de femicidio para referirse a ese caso.
El texto de las organizaciones incluyó datos estadísticos agregados que contabilizan al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026.
Frente a este panorama, el documento emitido en el escenario denunció el vaciamiento de programas públicos de asistencia y el impacto de las medidas económicas sobre las mujeres de barrios populares, quienes sostienen jornadas comunitarias de hasta 14 horas.
El reclamo incorporó además consignas de fuerte corte político-partidario, tales como el rechazo a la reforma laboral, la exigencia de libertad para las dirigentes Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner, y críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Desde la Casa Rosada optaron por tomar distancia de la convocatoria y cuestionaron lo que consideraron una creciente politización de la protesta social. Fuentes oficiales argumentaron que la inclusión de proclamas ideológicas y económicas ajenas al reclamo original desdibujó el sentido de la movilización.
A su vez, el Poder Ejecutivo defendió la disolución del ex Ministerio de las Mujeres como parte de la reducción del gasto público y argumentó que los índices delictivos mostraron un descenso durante su gestión, citando el informe de la Corte Suprema de Justicia que registró 200 femicidios en 2025 frente a los 228 del periodo previo.
La marcha contó con la participación de un amplio espectro de partidos políticos, incluidos la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista y el Frente de Izquierda, junto a centrales sindicales como la CGT y la CTA.
En las calles, familiares de víctimas históricas y recientes sostuvieron pancartas con los rostros de las mujeres fallecidas, exigiendo la declaración de la emergencia nacional y la ratificación de condenas firmes en los tribunales del país.
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