La salud mental en Argentina atraviesa una emergencia silenciosa que ya no admite demoras. Los relatos de familias desbordadas —como la de Claudia, madre de un adolescente con ideación suicida y sin acceso a un sistema que responda— se multiplican a lo largo del país. La realidad es contundente: el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal confirmó que la tasa de suicidios aumentó un 21,6% en 2025 respecto al año anterior, alcanzando a 5.209 víctimas.
Cifras que duelen
El impacto en la Ciudad de Buenos Aires es particularmente severo. Según datos del Ministerio de Salud porteño, los intentos de suicidio crecieron un 44% entre enero y mayo de 2026 en comparación con el mismo periodo del año previo, totalizando 206 casos frente a los 143 registrados en 2025. Los profesionales de la salud coinciden en que se trata de un fenómeno multicausal donde la vulnerabilidad socioeconómica, la fragmentación de los lazos familiares y los consumos problemáticos son factores determinantes.
En la Provincia de Buenos Aires, el escenario es similar. Las internaciones por motivos de salud mental aumentaron un 77% promedio entre 2019 y 2025, con un incremento del 22,8% en menores de 18 años durante los últimos dos años. El sistema público, tanto en CABA como en PBA, ha intentado dar respuesta mediante la apertura de guardias 24 horas y la contratación de nuevos profesionales, pero la demanda de atención continúa siendo inagotable, con un aumento del 92,3% en turnos otorgados en el sistema porteño respecto a 2023.
Una reforma bajo la lupa
Ante este escenario, el Senado se apresta a debatir una modificación a la Ley de Salud Mental (26.657), impulsada por el Poder Ejecutivo. Los ejes centrales de la propuesta son:
Facilitación de internaciones: Se busca reemplazar el criterio de “riesgo cierto e inminente” por uno de “situación de riesgo grave de daño”, permitiendo evaluar antecedentes previos y la previsible evolución del paciente.
Rol médico: La reforma vuelve a poner en el centro de la escena al médico psiquiatra, estableciendo su obligatoriedad en los equipos interdisciplinarios.
Instituciones: Se habilita explícitamente la internación en hospitales especializados en psiquiatría, revirtiendo la prohibición vigente de crear nuevos centros monovalentes.
La barrera del presupuesto
Más allá de las discusiones legislativas, los especialistas advierten una contradicción fundamental: la falta de recursos. La ley vigente estipula que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental, una meta que solo se rozó en 2023. En 2025, el gasto fue de apenas el 1,68% y, para 2026, la asignación es del 1,65%. A esto se suma que, para mediados de mayo, la ejecución presupuestaria devengada en programas vinculados al área apenas llegaba al 6,2%, evidenciando una brecha crítica entre la intención política y la capacidad de asistencia real para quienes más lo necesitan.