Una víctima de abuso se encadenó a la Cámara Penal de Catamarca

Una mujer se encadenó en el edificio judicial tras notificársele que la audiencia para dictar una nueva sentencia se postergaría hasta agosto.

Protesta en la Cámara Penal de Catamarca por causa de abuso. Foto: Web.

La sede judicial de la avenida Colón y Ministro Dulce fue escenario de una dramática protesta. Una joven madre, identificada con las iniciales A.S., se encadenó a una silla en el ingreso de la Cámara Penal de Catamarca.

El reclamo ocurrió el pasado miércoles, luego de que la denunciante acudiera a consultar el estado de la causa por abuso sexual con acceso carnal agravado, iniciada en 2018. Al recibir la confirmación de que el proceso sufriría una nueva postergación, la mujer experimentó una fuerte crisis emocional.

Durante la manifestación, la denunciante se roció la vestimenta con alcohol, lo que motivó la intervención del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia). Tras ser compensada en el lugar, fue trasladada al Hospital San Juan Bautista.

Antes del traslado, el presidente del tribunal de la Cámara Penal N° 2, Luis Guillamondegui, y el juez de la Cámara Penal N° 1, Mauricio Navarro Foressi, recibieron a la mujer. Familiares y organizaciones civiles acompañaron la medida y cuestionaron los ocho años de tramitación del expediente.

Las razones de las nulidades consecutivas

El caso registró un antecedente condenatorio en mayo de 2023, cuando la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación impuso una pena de 10 años de prisión a Gabriel Leiva y a Emanuel Agüero por el delito ocurrido en el barrio INTA, en Valle Viejo.

Sin embargo, las defensas recurrieron en casación y los acusados continuaron en libertad. Posteriormente, la Sala Penal de la Corte de Justicia de la Provincia anuló el fallo por defectos procesales.

Fuentes del ámbito judicial aclararon que la invalidez de la sentencia no implicó una declaración de inocencia de los imputados. El tribunal superior detectó que en el segundo pronunciamiento intervinieron magistrados que ya habían emitido opinión previa sobre el caso, lo cual afectó la garantía constitucional de imparcialidad y objetividad. Por tal motivo, la Corte ordenó remitir las actuaciones para que un tribunal con una integración completamente diferente dicte una nueva resolución.

Por otra parte, desde una de las defensas de los acusados sostuvieron una postura contraria. Los representantes legales afirmaron que las sucesivas anulaciones demuestran que corresponde la absolución de los implicados.

Según su interpretación, la primera revisión del máximo tribunal estuvo vinculada a una falta de valoración de las pruebas de descargo y a supuestas contradicciones en el relato original de la denunciante.

Un escenario de espera prolongada

El cronograma judicial vigente señala que la designación del nuevo tribunal y la correspondiente audiencia de imposición de pena no se realizarán antes del próximo mes de agosto.

La resolución definitiva del caso genera interrogantes sobre los tiempos del servicio de justicia y los mecanismos de acompañamiento a las víctimas durante procesos extensos, en un contexto donde la convivencia comunitaria en la vía pública entre las partes involucradas añade una complejidad adicional al caso antes del dictamen final.

 

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