Noboa militarizó diez regiones para contener el narcotráfico en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias debido a la violencia narco. La medida militariza las calles y suspende garantías constitucionales, generando alertas en organismos de derechos humanos.

Daniel Noboa, Presidente de Ecuador. Foto NA

La conducción del Estado ecuatoriano dispuso una restricción generalizada de garantías constitucionales en casi la mitad de las jurisdicciones del país con el propósito de neutralizar la escalada de atentados vinculados a las mafias del narcotráfico y la extracción ilícita de minerales. La resolución adoptada por el mandatario Daniel Noboa, cuya vigencia se prolongará por dos meses, habilita el patrullaje conjunto de los cuerpos castrenses en los centros urbanos más afectados y suspende transitoriamente las protecciones legales referidas a la privacidad postal y del hogar. Esta determinación institucional responde a un preocupante diagnóstico de los servicios de inteligencia, que detectaron una mutación en las tácticas delictivas de las organizaciones armadas, incluyendo la infiltración de células beligerantes procedentes de la frontera colombiana en el área amazónica y focos de criminalidad extrema en las zonas costeras y andinas.

El endurecimiento de la política de seguridad interior se produce a escasas semanas de haber concluido un período previo de confinamiento nocturno en las principales metrópolis, una estrategia a la que el actual gobierno recurre de manera recurrente desde su asunción a fines del año 2023 para mitigar los flagelos de la extorsión y los secuestros. Los reportes oficiales que fundamentan el decreto contabilizan casi novecientas muertes violentas en apenas seis semanas, lo que evidencia la volatilidad del orden público en demarcaciones estratégicas como Guayas, Manabí, Azuay y la periferia de la capital. Mientras las autoridades civiles defienden la necesidad de la intervención armada para recuperar el control territorial, diversas plataformas de activismo humanitario manifestaron su preocupación ante los riesgos de abusos y vulneraciones por parte del personal militar en las calles de los municipios intervenidos.

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