Francia extendió a 210 días el límite de internamiento administrativo para no comunitarios en situación irregular que representen una amenaza grave.
Francia extendió a 210 días el límite de internamiento administrativo para no comunitarios en situación irregular que representen una amenaza grave.
La Asamblea Nacional de Francia aprobó de manera definitiva el proyecto de ley que amplía hasta siete meses la detención de extranjeros indocumentados considerados peligrosos. El texto, impulsado por el diputado del partido Renaissance, Charles Rodwell, recibió 345 votos a favor y 177 en contra, tras obtener el visto bueno del Senado el día anterior. La reforma legislativa modifica los plazos vigentes, que fijaban un tope de 90 días de internamiento en términos generales y de 180 días para casos vinculados a delitos terroristas.
Esta iniciativa surgió como respuesta política tras el homicidio de la estudiante de 19 años, Philippine Le Noir de Carlan, ocurrido en septiembre de 2024 en el Bois de Boulogne. El principal sospechoso del crimen, un ciudadano marroquí de 22 años identificado como Taha O., poseía una orden de expulsión del territorio y acababa de salir de prisión.
La opinión pública y los sectores parlamentarios de centroderecha exigieron modificaciones legales al constatar que el implicado había quedado en libertad tras un período en un centro de detención administrativa.
La aplicación de la nueva normativa posee un carácter excepcional. La extensión del plazo a 210 días afectará exclusivamente a ciudadanos extranjeros que cuenten con una orden de expulsión firme y cuya conducta constituya una amenaza real, actual y particularmente grave para el orden público. Asimismo, la medida se focalizará en individuos que posean condenas definitivas por delitos castigados con al menos cinco años de cárcel.
Paralelamente, el texto incorpora herramientas de control conductual y sanitario para la prevención de delitos. Entre los mecanismos principales destaca la creación de una orden de examen psiquiátrico, la cual podrá ser dictada directamente por los prefectos para evaluar a sujetos que muestren signos de radicalización.
Adicionalmente, el documento legal aprueba la fundación de centros de detención específicos orientados a terroristas que hayan cumplido sus penas de prisión pero mantengan un alto riesgo de reincidencia.
A pesar del consenso entre la coalición de gobierno, la derecha y la Agrupación Nacional, la reforma enfrentó el rechazo de los partidos de izquierda y de diversas entidades civiles.
El diputado de La France Insoumise, Andy Kerbrat, manifestó que la modificación no habría evitado el crimen tomado como referencia, debido a que el sospechoso fue liberado antes de agotar el límite temporal que regía en ese momento. Por su parte, el legislador socialista Jean-Jacques Lozach advirtió en sede parlamentaria que la prolongación de las estancias saturará los recintos de internamiento actuales.
Organizaciones humanitarias que operan en estas instalaciones informaron que más de 40.000 personas resultaron recluidas en los centros de detención administrativa durante 2024.
Los portavoces de estas agrupaciones señalaron que las devoluciones efectivas suelen resolverse durante las primeras semanas, por lo que consideran ineficaz la extensión de los plazos. El debate se trasladará ahora al Consejo Constitucional, donde los bloques opositores prevén interponer un recurso para evaluar la validez legal de la reforma.
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