El contratista Matías Tabar ratificó ante la Justicia haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por remodelar la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras el testimonio, el organismo recaudador intimó al constructor a justificar sus movimientos patrimoniales.
Las investigaciones penales en torno al patrimonio del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, sumaron un testimonio clave tras las declaraciones del encargado de supervisar las reformas edilicias de su propiedad en un exclusivo barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires. El constructor Matías Tabar validó formalmente ante los magistrados intervinientes haber percibido un monto cercano al cuarto de millón de dólares por las remodelaciones efectuadas en el inmueble del funcionario de la administración central. El profesional del rubro de la construcción precisó que toda la documentación respaldatoria que detalla las transacciones, planillas de erogaciones operativas y cobros de subcontratistas ya fue remitida a los peritos contables de la fiscalía hace varias semanas para su correspondiente auditoría fiscal.
Durante una extensa comparecencia en sede judicial y posteriores declaraciones a medios especializados, el técnico aclaró que las labores encomendadas consistieron en una reestructuración de la estructura preexistente sin ampliación de la superficie previamente declarada ante las autoridades municipales. No obstante, detalló que el presupuesto original se incrementó progresivamente a raíz de modificaciones logísticas y requerimientos adicionales solicitados por los propietarios durante la ejecución del proyecto. Asimismo, el testigo reconoció mantener una comunicación fluida y constante con el entorno del actual ministro coordinador con posterioridad a la entrega formal de la obra civil, fundamentando dichos contactos en tareas rutinarias de mantenimiento y optimización de las instalaciones de la vivienda.
La repercusión del expediente penal derivó en una inmediata intervención de los organismos de control tributario, puesto que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero notificó una intimación formal dirigida al contratista para justificar sus movimientos patrimoniales e ingresos comerciales registrados durante el período de ejecución de la obra. En paralelo, las pesquisas judiciales intentan dilucidar presuntas irregularidades vinculadas a facturaciones emitidas a nombre de personal de la secretaría privada del funcionario por montos millonarios. Ante los requerimientos sobre la procedencia de los fondos en efectivo utilizados para cancelar sus honorarios profesionales, el constructor optó por ampararse en el secreto sumarial para evitar interferencias en el debido proceso que tramita la justicia federal.
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