Javier Leal de Ibarra inició acciones penales contra el diputado Tailhade

El camarista federal Javier Leal de Ibarra querelló por calumnias e injurias al diputado Rodolfo Tailhade, tras ser acusado en redes sociales de evasión fiscal. El juez desmintió poseer dinero no declarado y desafió al legislador a probar sus dichos.

Javier Leal de Ibarra

El titular del tribunal de apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, radicó una querella por difamación contra el diputado opositor Rodolfo Tailhade en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. La acción penal se originó luego de que el congresista utilizara sus canales de comunicación en redes sociales para asegurar públicamente que el camarista se había incorporado a un régimen excepcional de regularización tributaria con el fin de blanquear recursos económicos ocultos. El denunciante consideró que las afirmaciones constituyen una imputación delictiva totalmente infundada que afecta gravemente su honor, desmintiendo de forma categórica poseer fondos al margen del sistema fiscal y respaldando su conducta con casi cinco décadas de trayectoria intachable dentro de la estructura judicial.

La presentación formal, patrocinada por el letrado Mariano Fragueiro Frías, sostiene que la inmunidad parlamentaria de la que goza el legislador no puede transformarse en una herramienta legítima para propagar falsedades con el único propósito de captar repercusión digital. En el escrito, se argumenta que el derecho a la libre expresión no ampara las aseveraciones categóricas basadas en mentiras ni la deshonra intencional hacia los funcionarios públicos bajo el pretexto del debate político. El magistrado desafió al imputado a fundamentar sus dichos en sede judicial, remarcando que las figuras de interés general no validan la vulneración del derecho a la reputación personal y exigiendo una sanción penal acorde a la gravedad de los agravios.

El conflicto institucional, que promete escalar en los despachos de Comodoro Py, incluye la petición de que el veredicto definitivo sea difundido públicamente a cargo del propio parlamentario querellado en caso de determinarse su culpabilidad por delitos contra el honor. Desde el entorno del magistrado enfatizaron que el cumplimiento estricto de las obligaciones impositivas ha sido una constante en su carrera administrativa, por lo que las expresiones del diputado representan un ataque directo a la credibilidad del fuero que encabeza. La resolución de este expediente reactiva el debate sobre el alcance de las prerrogativas de los miembros del Congreso frente a las demandas de responsabilidad civil y penal impulsadas por integrantes del Poder Judicial.

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