Ante la aprobación de una ley riojana que desconoce los límites fronterizos vigentes, San Juan ratificó que su jurisdicción no está en discusión. El conflicto resurge por el control de áreas con alto valor minero y turístico.
Ante la aprobación de una ley riojana que desconoce los límites fronterizos vigentes, San Juan ratificó que su jurisdicción no está en discusión. El conflicto resurge por el control de áreas con alto valor minero y turístico.
La Cámara de Diputados de La Rioja sancionó una normativa provincial que declara la nulidad de la Ley Nacional 18.004, un instrumento firmado en diciembre de 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
Aquella disposición militar determinó que áreas clave, como el cerro El Potro y el Parque Provincial Ischigualasto, pertenecen a la jurisdicción de San Juan. La administración del gobernador riojano, Ricardo Quintela, argumentó que esa delimitación constituyó un despojo unilateral realizado sin la intervención del Congreso de la Nación.
El nuevo texto legislativo faculta a la Fiscalía de Estado de La Rioja a impulsar medidas cautelares y demandas judiciales para reivindicar el dominio sobre los territorios en disputa.
Asimismo, la norma autoriza al Poder Ejecutivo riojano a iniciar gestiones administrativas y políticas ante el Parlamento nacional para consolidar de manera definitiva su reclamo geográfico.
Paralelamente, la ley creó una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, de carácter permanente, que estará integrada por siete diputados y miembros consultivos expertos en cartografía, historia y minería.
La reacción del gobierno de San Juan ocurrió de forma inmediata tras la votación en la provincia vecina. El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, afirmó a través de la red social X que la jurisdicción de su provincia no está bajo discusión.
El mandatario provincial sostuvo que los límites vigentes cumplieron 57 años de aplicación ininterrumpida y recordó que el Congreso de la Nación ratificó la vigencia de la norma en 2014. El funcionario convocó a los partidos políticos locales a defender el territorio y los recursos naturales regionales.
La reactivación de este diferendo histórico coincide con un proceso de revalorización económica de la zona cordillerana. La región en conflicto alberga el distrito cuprífero Vicuña, que incluye emprendimientos mineros como Josemaría y Lunahuasi.
En abril pasado, las autoridades judiciales de La Rioja ordenaron la suspensión temporal de operaciones en los caminos de acceso al proyecto de cobre Vicuña por la presunta falta de presentación de estudios ambientales locales, lo que inició la actual escalada política. El gobernador de La Rioja ya había solicitado en 2021 una participación en las regalías del yacimiento Josemaría.
La resolución definitiva de los conflictos de límites interprovinciales corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación, según lo establece la Constitución Nacional.
La estrategia legal de La Rioja buscará abrir canales institucionales en Buenos Aires y reactivar demandas en los tribunales federales, un camino que San Juan rechazó al considerar la frontera como un asunto completamente juzgado.
Queda por ver si las vías judiciales federales conseguirán destrabar una tensión que afecta directamente las proyecciones de inversión minera en el área de la cordillera.
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