El Ejecutivo enviará un proyecto al Congreso para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa busca prohibir los adelantos transitorios al Tesoro y dotar de autonomía a la entidad monetaria inspirándose en las restricciones de la Constitución peruana.
El Poder Ejecutivo nacional resolvió avanzar de forma prioritaria con la reforma estructural de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El presidente Javier Milei busca sepultar definitivamente el esquema de financiamiento laxo que rige en el país desde hace más de una década.
El impacto de la reforma monetaria en números:
33 años lleva inalterada la prohibición de emitir para el fisco en la Constitución de Perú.
24,4 billones de pesos transfirió el BCRA actual al Tesoro por utilidades del ejercicio 2025.
12% de la base monetaria es el límite técnico actual de adelantos que el Gobierno busca derogar.
La iniciativa oficialista apunta a prohibir por ley la emisión de pesos destinada a cubrir el déficit fiscal. El nuevo marco regulatorio modificará el polémico ordenamiento del año 2012, el cual habilitó de forma sistemática el otorgamiento de adelantos transitorios hacia las cuentas del Tesoro Nacional.
Actualmente, el artículo 20 de la normativa vigente permite al Central asistir financieramente al Ejecutivo por un equivalente al 12% de la base monetaria. A ese porcentaje regulatorio se le suma la facultad de prestar un 10% adicional calculado sobre los recursos en efectivo recaudados en los últimos doce meses.
El equipo económico evalúa los alcances del esquema de estabilidad macroeconómica implementado en Perú a comienzos de la década de 1990. En el país andino, las restricciones definitivas para inyectar fondos públicos quedaron consagradas a nivel constitucional en 1993, sobreviviendo a diversas crisis políticas globales.
Aquella reforma fue adoptada bajo el mandato de Alberto Fujimori como respuesta a la espiral hiperinflacionaria heredada de la gestión previa de Alan García. A diferencia del plan de Convertibilidad argentino, que colapsó en diez años, el modelo institucional peruano se mantuvo inalterado por más de tres décadas.
Por mandato legal, la autoridad monetaria de ese país tiene prohibido establecer tipos de cambio múltiples o cepos cambiarios. Asimismo, la legislación peruana veda por completo el otorgamiento de créditos sectoriales, permitiendo que el dólar estadounidense posea plena vigencia y poder cancelatorio legal.
La meta del Palacio de Hacienda es revisar las modificaciones introducidas por Mercedes Marcó del Pont, expresidenta del Banco Central. Aquella reforma del año 2012 suprimió la función primaria e histórica de la entidad, que consistía estrictamente en preservar el valor de la moneda nacional.
En su lugar, el kirchnerismo instauró un mandato múltiple que forzó al organismo a promover el empleo y la equidad social. Esa ampliación de funciones justificó técnicamente la emisión desregulada de billetes como herramienta de asistencia, distorsionando el rol de la institución de la calle Reconquista.
Incluso, la normativa heredada prevé que ante situaciones extraordinarias de la economía local o internacional, el Central puede activar tramos adicionales de emisión. La administración libertaria argumenta que estas cláusulas de excepción funcionaron como una ventana de discrecionalidad absoluta para los sucesivos gobiernos.
Un aspecto central de la discusión parlamentaria estará enfocado en el traspaso de utilidades contables hacia el fisco. El actual Ejecutivo nacional utilizó recientemente un giro de 24,4 billones de pesos originados por la revaluación de activos al tipo de cambio oficial de referencia.
Diversos analistas del mercado financiero local cuestionan estas maniobras por considerarlas un financiamiento encubierto, similar a las anteriores gestiones. La nueva ley buscará reducir los márgenes de discrecionalidad técnica para blindar las reservas internacionales y garantizar una independencia económica real.
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