Organizaciones civiles denunciaron que agentes federales de EE. UU. usan disfraces de obreros y repartidores para arrestar a migrantes. Según informó El País, el Gobierno negó estas tácticas, mientras varios estados litigan para exigir la identificación plena de los oficiales.
Agrupaciones civiles de asistencia comunitaria y representantes parlamentarios en diversas jurisdicciones norteamericanas han documentado una serie de procedimientos de captura donde los efectivos de seguridad utilizan indumentaria de operarios civiles para aproximarse a sus objetivos sin levantar sospechas. Las acusaciones detallan maniobras en metrópolis como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde los agentes supuestamente simulan realizar reparaciones en el tendido eléctrico, entregar encomiendas postales o trabajar en el rubro de la albañilería para inducir a los residentes extranjeros a abandonar la protección de sus inmuebles. El Departamento de Seguridad Nacional rechazó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implemente estos disfraces y atribuyó un cuestionado arresto en el estado de California a divisiones de alguaciles federales dedicados a la persecución de prófugos, según informaciones provistas a El País.
El empleo de mascarillas protectoras, vehículos particulares con vidrios polarizados y la resistencia de las fuerzas del orden a exhibir credenciales oficiales han motivado fuertes críticas por parte de los observadores locales, quienes aducen que estas conductas incrementan el desasosiego en los barrios residenciales al impedir la identificación de las agencias actuantes. Esta problemática impulsó la redacción de normativas estatales restrictivas en las costas este y oeste con el fin de obligar a los uniformados a identificarse plenamente durante sus intervenciones de campo. No obstante, la administración central liderada por Donald Trump acudió a las instancias de apelación judicial para bloquear la aplicación de estos marcos regulatorios, argumentando que preservar la identidad de las plantillas resulta fundamental para resguardar la integridad física de los funcionarios ante el incremento global de amenazas hacia los cuerpos de seguridad.
Ante el endurecimiento de la política migratoria y la puesta en marcha de estrategias tácticas complejas para capturar mano de obra informal en zonas de aparcamiento comercial, redes de voluntarios civiles organizaron brigadas de patrullaje urbano con el objeto de registrar y difundir en plataformas digitales las anomalías de los procedimientos estatales. Representantes de los colectivos de defensa argumentan que el perfeccionamiento en los engaños oficiales responde de manera directa a la resistencia organizada de las comunidades, las cuales se mantienen en alerta frente a supuestos incidentes de revisión de suministros básicos. La tensión en los suburbios obligó inclusive a corporaciones privadas de provisión energética a difundir comunicados públicos desmarcando a su personal de cualquier actividad de fiscalización civil o intromisión en los perímetros habitacionales de la población.
La justicia federal peritará el celular de Jésica Cirio para constatar el origen de un video con millones de dólares, coordinando inspecciones en San Vicente y Palermo. Paralelamente, la defensa de Martín Insaurralde solicitó anular la filmación alegando un presunto hackeo.
El Gobierno nacional implementó un nuevo protocolo reservado para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria detecte de forma temprana la trata de personas. La normativa moderniza las pautas de acción ante delitos transnacionales y prioriza el resguardo de las víctimas.
El Gobierno argentino autorizó a Avianca a operar nuevas rutas regulares de pasajeros y carga entre Buenos Aires y las ciudades colombianas de Cali y Cartagena. La medida busca potenciar el turismo regional y optimizar la logística comercial bilateral.
Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta, acusados por el femicidio y encubrimiento de Agostina Vega, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Cruz del Eje. La justicia cordobesa ordenó la medida por razones de vigilancia permanente tras dictarles prisión preventiva.
Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Haití, advirtió sobre la existencia de un millón y medio de desplazados y 1.600 homicidios trimestrales. Las pandillas dominan gran parte de la capital, superando en número a las fuerzas estatales y reclutando menores.
El Banco Central flexibilizó el acceso a créditos en dólares para empresas del mercado interno y desarrolladores inmobiliarios, siempre que cuenten con avales exportadores. Aunque el Gobierno busca reactivar la economía y propone crear fondos sectoriales, los bancos actúan con cautela.
El sector atómico denunció una crisis presupuestaria y salarial en la CNEA que paralizó proyectos clave como el CAREM y provocó la fuga de científicos. El Gobierno impulsa privatizaciones y la exportación, nombrando a jóvenes militantes con sueldos millonarios.
La merma en la liquidación de divisas de la agroindustria frenó la acumulación de reservas del Banco Central y presionó al mercado cambiario. Pese a la retención de cosechas, analistas estiman que el Gobierno cumplirá las metas con financiamiento internacional.
