El expresidente de ARSAT, Facundo Leal, presentó un escrito defensivo y se negó a responder preguntas ante el juez Lino Mirabelli. Está acusado de direccionar contrataciones millonarias en la empresa estatal, mientras cumple prisión preventiva por una causa paralela.
El expresidente de la empresa pública ARSAT, Facundo Leal, fue trasladado desde el penal hacia los tribunales federales de San Isidro para cumplir con su primera cita indagatoria. La audiencia fue dispuesta por el juez Lino Mirabelli a instancias del fiscal Fernando Domínguez en el marco de la causa por presuntas contrataciones irregularidades.
Los ejes centrales de la indagatoria a Facundo Leal:
Estrategia defensiva: Entregó un documento escrito y se negó a responder preguntas.
Patrimonio incautado: Secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo en sus inmuebles.
Contratos bajo sospecha: Adjudicaciones por 1,9 millones de dólares a una firma de logística.
Durante el trámite judicial, el exfuncionario presentó un descargo escrito donde negó los cargos en su contra y argumentó que no ejercía funciones públicas al momento de la licitación investigada. Asimismo, la defensa técnica sostuvo que existen medidas de prueba pendientes de resolución en el expediente.
En forma paralela, el exsubgerente de compras de la compañía tecnológica, Gerardo Boschin, cumplió la misma metodología procesal. El imputado se presentó en la sede judicial del norte bonaerense, entregó un escrito defensivo y declinó contestar los interrogantes formulados por la fiscalía.
El expediente penal se inició formalmente tras la detección del robo de insumos tecnológicos de elevado valor en un predio de San Fernando a comienzos de 2024. A partir de ese incidente, las autoridades judiciales descubrieron un entramado de contrataciones anómalas de almacenamiento.
La hipótesis central del Ministerio Público Fiscal apunta a un acuerdo ilícito entre exdirectivos estatales y empresarios para beneficiar de forma directa a la empresa Argentina Logistic Services. Las contrataciones objetadas abarcaron la custodia y distribución de bienes estratégicos de la firma pública.
Según determinaron los investigadores, la aprobación de las órdenes de compra por más de 1,9 millones de dólares se ejecutó sin la intervención formal del Directorio de ARSAT. A su vez, el convenio careció de los dictámenes técnicos obligatorios que respaldaran la elección de la proveedora.
Las intervenciones telefónicas dispuestas en la causa revelaron conversaciones coordinadas entre los sospechosos para direccionar las adjudicaciones de guarda. Estas maniobras habrían cancelado la libre competencia con otras firmas del rubro y posibilitado el deterioro de materiales estratégicos.
La situación procesal de Leal se encuentra fuertemente condicionada por un proceso penal conexo. Durante el allanamiento en su departamento del barrio porteño de Palermo, la Policía Federal halló 650.000 dólares en efectivo, cocaína y sustancias sintéticas como ketamina y MDMA.
De forma simultánea, los agentes federales secuestraron 1,7 millones de dólares adicionales en una propiedad ubicada en la provincia de Mendoza. La Justicia busca determinar si la suma total de 2,4 millones de dólares proviene de comisiones ilegales ligadas a la función pública.
Debido al hallazgo de estupefacientes, Leal fue procesado con prisión preventiva por comercialización de drogas. Dicho expediente fue derivado a la Capital Federal y actualmente tramita en el Juzgado Federal 6, a cargo de manera interina del juez federal Daniel Rafecas.
Para resguardar el avance de la investigación en San Isidro, el juez Mirabelli dictó la prohibición de salir del país para todos los imputados. Además, dispuso embargos preventivos sobre los bienes y ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los involucrados.
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