Ante el avance del juicio por la causa Cuadernos, la Cámara de Casación reimplantó el bloqueo de fondos en Suiza al empresario Juan Carlos De Goycoechea, tras considerar que su embargo en pesos quedó desactualizado por la devaluación.
Ante el avance del juicio por la causa Cuadernos, la Cámara de Casación reimplantó el bloqueo de fondos en Suiza al empresario Juan Carlos De Goycoechea, tras considerar que su embargo en pesos quedó desactualizado por la devaluación.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó restablecer el bloqueo preventivo sobre las cuentas bancarias en Suiza y los bienes inmuebles de Juan Carlos De Goycoechea, ex presidente de la firma Isolux Corsan en el país y actual imputado en el juicio oral de la causa Cuadernos.
Mediante un fallo dividido, los magistrados Javier Carbajo y Gustavo Hornos revocaron la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7, que había sustituido el congelamiento de los activos internacionales por un embargo de suma fija en moneda nacional. El tercer integrante del tribunal, Diego Barroetaveña, votó en disidencia.
Específicamente, la medida cautelar alcanza a los fondos remanentes de una cuenta radicada en el Intesa San Paolo Private Bank de Lugano, Suiza, detectada originalmente por la Unidad de Información Financiera (UIF). Asimismo, el tribunal ordenó restituir el embargo preventivo sobre dos propiedades ubicadas en la localidad de Trevelín, provincia de Chubut, y sostener la inhibición general de bienes dictada sobre el empresario debido a incumplimientos previos.
La resolución de la alzada atendió los reclamos de la fiscal ante el tribunal oral, Fabiana León, cuyo recurso fue sostenido por el fiscal de Casación, Raúl Pleé. Los magistrados que conformaron la mayoría advirtieron que liberar las cuentas en el extranjero durante el transcurso del juicio oral resultaba una decisión apresurada.
Según fundamentaron, existe una correlación temporal entre el origen de las colocaciones financieras en el exterior y el período en el cual se habrían ejecutado las maniobras delictivas investigadas en el debate.
Paralelamente, el juez Carbajo fundamentó que el monto del embargo establecido originalmente en abril de 2023 por un total de 1.500 millones de pesos carece de vigencia técnica.
Frente a la depreciación de la moneda nacional y las variaciones inflacionarias experimentadas en los últimos años, el magistrado consideró que sostener ese valor nominal, sin indexación, licuaba las garantías de resarcimiento económico, multas y costas judiciales en caso de una eventual condena.
De Goycoechea enfrenta el proceso oral bajo la acusación de haber efectuado 18 pagos ilícitos a exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal conducido por el kirchnerismo.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que estos desembolsos se ejecutaron con la finalidad de asegurar para la constructora española Isolux Corsan la adjudicación de las obras correspondientes a la Central Termoeléctrica Río Turbio.
Durante las etapas iniciales de la instrucción penal, el empresario se acogió a la figura del imputado colaborador (ley del arrepentido). Si bien admitió ante la justicia la entrega de dinero a colaboradores de la administración nacional, rechazó la tipificación de cohecho (coimas) al argumentar que los desembolsos fueron exigidos de forma coactiva por los funcionarios gubernamentales bajo el concepto de aportes para campañas electorales.
La resolución adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal excede el plano individual del exdirectivo de Isolux Corsan. Fuentes de los tribunales federales señalaron que la reposición de las cautelares sienta un precedente que afectará de manera directa a recursos y solicitudes similares planteados por otros empresarios encausados en el mismo expediente.
Queda pendiente determinar de qué manera responderán las defensas técnicas ante este endurecimiento del criterio de resguardo patrimonial en los tribunales federales, en un contexto donde el debate principal continúa su marcha y las estimaciones de recupero de activos públicos vuelven a posicionarse en el centro de la agenda judicial.
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