El gobierno nacional rechazó avalar un crédito de 270 millones de dólares solicitado por Buenos Aires para sanear el Río de la Plata, alegando subejecución de fondos previos. La gestión provincial atribuye la medida a una discriminación política.
El gobierno nacional rechazó avalar un crédito de 270 millones de dólares solicitado por Buenos Aires para sanear el Río de la Plata, alegando subejecución de fondos previos. La gestión provincial atribuye la medida a una discriminación política.
La disputa política y financiera entre la administración de Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof ha sumado un nuevo capítulo de tensión, esta vez dirimido en los tribunales. El Poder Ejecutivo nacional notificó formalmente a la Justicia Federal que no otorgará el aval necesario para que la provincia de Buenos Aires contraiga una deuda de 270 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos fondos estaban destinados a revertir la severa degradación ambiental de la cuenca que desemboca en el Río de la Plata, específicamente en la zona del arroyo El Gato. En la presentación ante el juez Alberto Recondo, la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales alegó que el Estado federal no tiene la obligación de convalidar de forma automática las solicitudes provinciales y que el distrito cuenta con la autonomía suficiente para costear estos trabajos con sus propias partidas.
El argumento técnico de la Nación, coordinado bajo la órbita del Ministerio de Economía, apunta a que el cupo de endeudamiento multilateral del país debe distribuirse de manera equitativa entre las veintitrés provincias y la administración central. Desde la perspectiva de la Casa Rosada, Buenos Aires tiene la facultad primaria sobre estas problemáticas ambientales y debe buscar alternativas de financiamiento independientes o reestructurar programas de asistencia crediticia vigentes en áreas similares para dar respuesta a las demandas de saneamiento de las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada.
La negativa oficial expuso además un duro diagnóstico sobre el manejo de las finanzas bonaerenses. El informe gubernamental detalla que la provincia de Buenos Aires mantiene una cartera activa de préstamos internacionales que supera los 2.200 millones de dólares a través de convenios con organismos como el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, de los cuales restan ejecutar unos 756 millones de dólares. Para el equipo económico nacional, resulta técnicamente inviable y poco eficiente otorgar nuevas líneas de crédito a una jurisdicción que muestra marcados retrasos en la utilización de los recursos previamente asignados, algunos de los cuales registran nulo nivel de avance desde hace casi una década.
Por su parte, las autoridades bonaerenses rechazan estos argumentos y atribuyen el bloqueo a una campaña de discriminación política. El Ministerio de Infraestructura provincial denunció que, a diferencia de lo ocurrido con Buenos Aires, la Nación sí facilitó garantías de endeudamiento a otras diez provincias de signos políticos diversos por una cifra global cercana a los 1.900 millones de dólares. Ante esta parálisis presupuestaria, el ambicioso plan de saneamiento cloacal que contempla la construcción de una planta de tratamiento y un emisario subfluvial para beneficiar a más de un millón de habitantes quedará condicionado a la realización de enmiendas técnicas sobre contratos ya vigentes o a una reducción sustancial del proyecto original.
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