Un informe pericial detectó diferencias entre los ingresos declarados y los gastos del exfuncionario. La Justicia investiga pagos en efectivo, operaciones inmobiliarias y movimientos de dinero sin respaldo documental.
Un informe pericial detectó diferencias entre los ingresos declarados y los gastos del exfuncionario. La Justicia investiga pagos en efectivo, operaciones inmobiliarias y movimientos de dinero sin respaldo documental.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principal imputado al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde podría dar un nuevo giro en las próximas semanas. La Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, encabezada por Sergio Mola, evalúa solicitar una nueva declaración indagatoria luego de detectar inconsistencias entre el patrimonio declarado por el exfuncionario y los gastos registrados durante el período analizado.
De acuerdo con fuentes judiciales citadas por distintos medios, el informe pericial elaborado en el expediente arroja una diferencia superior a los 19 millones de pesos entre los ingresos acreditados y las erogaciones documentadas, además de identificar movimientos de dinero en efectivo cuya procedencia no habría podido justificarse.
Los investigadores sostienen que los números relevados no resultan compatibles con los haberes percibidos por Insaurralde durante su desempeño en la función pública, situación que podría derivar en nuevas medidas procesales.
Según el análisis patrimonial incorporado a la causa, el exintendente de Lomas de Zamora declaró ingresos por aproximadamente 87 millones de pesos, mientras que los gastos registrados superan los 99 millones. Entre las observaciones aparecen pagos en efectivo correspondientes a hoteles, viajes al exterior y otras erogaciones que, según la fiscalía, carecen de documentación suficiente para acreditar el origen de los fondos utilizados.
Para explicar esas diferencias, la defensa de Insaurralde sostiene que parte de los recursos provinieron del patrimonio compartido con su entonces esposa, la conductora y modelo Jesica Cirio.
Los abogados argumentan que Cirio, gracias a su actividad profesional, le habría prestado unos 250.000 dólares durante el matrimonio, además de señalar que varios de los bienes investigados integraban la sociedad conyugal y, por lo tanto, no corresponderían exclusivamente al patrimonio del exfuncionario.
Sin embargo, la fiscalía considera que esa explicación no alcanza para justificar los pagos en efectivo ni otras operaciones detectadas durante la investigación, motivo por el cual continúa profundizando el análisis contable y financiero.
El expediente también pone el foco en diversas operaciones inmobiliarias realizadas durante los últimos años.
Entre ellas figura la compra del terreno donde posteriormente se construyó la vivienda ubicada en San Vicente, una propiedad que aparece reiteradamente en la investigación. Según la documentación incorporada a la causa, el lote fue adquirido en 2006 por 58.828 dólares a nombre de Jesica Cirio y posteriormente transferido a la sociedad DOIO.
Los peritos también analizaron la adquisición de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, cuyo valor ascendió a 806.000 pesos. Parte de esa operación se abonó mediante un cheque y el resto con 24 cheques de menor monto.
De acuerdo con el informe, la capacidad económica declarada por los involucrados no alcanzaría para respaldar la totalidad de la compra, uno de los puntos que mantiene bajo estudio la fiscalía.
La investigación además examina la actividad de SASAXA, una empresa vinculada a Insaurralde, donde se registraron aportes de capital, adquisición de bienes, movimientos patrimoniales y distribución de utilidades entre 2010 y 2018.
La investigación judicial se inició en septiembre de 2023, cuando se difundieron imágenes de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici a bordo de un yate de lujo en Marbella, España.
En las últimas semanas el expediente volvió a cobrar impulso tras la aparición de nuevos videos vinculados a Jesica Cirio, que motivaron inspecciones judiciales en propiedades ubicadas en San Vicente y en el barrio porteño de Palermo para comparar los inmuebles con el material incorporado a la causa.
Mientras continúa el análisis patrimonial, Insaurralde y Cirio mantienen la prohibición de salir del país y sus bienes permanecen inhibidos. En caso de que la fiscalía formalice un nuevo pedido de indagatoria, será el juez federal Luis Armella quien deba resolver si hace lugar a la solicitud y definir los próximos pasos del expediente.
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